Una cuestión de honor

Al actual inquilino de La Moncloa le disgustó el alarde de insumisión del alcalde de su ciudad y ordenó llevar el asunto de la seudo paga extra al juzgado


El pleito entablado por el Gobierno de la Nación contra el Concello de Pontevedra por el abono de una seudo paga extra a la plantilla municipal desoyendo el decreto de 2012, tiene ingredientes dignos de diván de psiquiatra.

Un Gobierno central del PP, presidido por un pontevedrés, pretende que cerca de 500 familias de esta (su) ciudad reintegren un dinero que les pagó el Ayuntamiento y sirvió en aquellas Navidades para activar el consumo en el comercio local, como se reivindicó por quien abonaba, y ponderaron las asociaciones patronales.

Pontevedra no fue el único municipio que sufragó un complemento para compensar la pérdida de la extra de Navidad que decidió recortar el Gobierno. Poio, Bueu, Cangas, A Illa de Arousa, Marín? fueron otros concellos que emplearon diversos atajos para retribuir a sus respectivos funcionarios.

Madrid pidió informes. Pero solo se decidió pleitear contra Pontevedra. La Subdelegación del Gobierno actuó de encargo. Coello es un mero funcionario que cumplió órdenes. Y da la sensación de que alguien ha convertido la insumisión del Concello de la capital en una cuestión de honor.

Difícil digestión

Veámoslo así: al actual inquilino de La Moncloa le cabreó sobremanera esa desobediencia en su propia ciudad, algo de lo que Lores alardeó en nombre propio y del gabinete BNG-PSOE que fue corresponsable de la medida. Rajoy no digiere semejante afrenta y ordena llevar el asunto al juzgado.

El jueves pasado cuando se celebró la vista hubo una concentración fuera de la sede judicial con alto significado. Al lado del alcalde y concejales del gabinete de coalición acudieron funcionarios, representantes sindicales y dirigentes de asociaciones empresariales de la ciudad. En este pleito, las patronales contradicen su ADN de derechas. No están con Rajoy, sino con Lores, porque saben que, en una ciudad con mayoría de empleo funcionarial, capar una extra supone retracción del consumo.

Tampoco en el PP local querrían seguir con esta litis. Moreira se encuentra incomodísimo. De modo que intentó marcar distancias. Vino a decir que preferiría que este juicio no lo ganase el Abogado del Estado; por tanto, el Gobierno; por tanto el presidente Rajoy. O sea su jefe.

Jacobo no desea un quebranto económico para la plantilla municipal. «Que el fallo que resulte no perjudique a los trabajadores», dijo. Previniendo que aspira a ser algún día superior máximo de todos ellos y ocupar el despacho principal en el caserón de Michelena, 30.

Lores, en su salsa

Mientras, Fernández Lores está en su salsa. Al actual alcalde todo este lío no le desgasta, sino que le refuerza. Ha echado cuentas y le valen los dos posibles fallos. Si el Concello pierde, el alcalde y el bipartito quedarían como unos campeones que batallaron contra uno de los numerosos recortes de Rajoy.

Y si el Concello de Pontevedra gana el pleito, ¡qué decir! En cuanto al aspecto judicial, el caso también tiene sus matices. La defensa del Concello se encargó a Xabier Munáiz, asesor jurídico municipal. Desplegó una argumentación que se parapetó en una serie de informes técnicos y decisiones presupuestarias que pretenden acorazar burocráticamente lo que fue una decisión política.

Precisamente a esa voluntad política -«conscientemente decidida y que repetiría», según Lores-, apeló su oponente, Juan José Vázquez-Portomeñe, Abogado del Estado. El benjamín de la saga familiar del antiguo voceiro parlamentario del PP en tiempos de Fraga, encarna el papel del poli malo. Exige la devolución de los 760.000 euros que cobraron 474 trabajadores municipales, en concepto de complemento de productividad que calificó de «argucia maquinada».

Y le toca decidir a la titular del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de esta capital. No es un juzgado cualquiera. Y entre su jurisprudencia reciente, hay un auto muy significativo. En junio de 2011 resolvió que el recorte del 5 % a los sueldos de los funcionarios públicos, vulneraba varios artículos de la Constitución.

La resolución, dictada por un recurso que formuló el sindicato médico CESM-Galicia, apela a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si semejante rebaja en las nóminas de los empleados públicos podía decidirse por un real decreto. Un antecedente muy oportuno, no me dirán.

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