La junta de gobierno del Concello de Pontevedra puso ayer a disposición de la Xunta los terrenos para el futuro inmueble
19 feb 2013 . Actualizado a las 13:43 h.El Ayuntamiento de Pontevedra aprobó ayer, en junta de gobierno, la propuesta relativa a la puesta a disposición y cesión de los terrenos necesarios para la construcción del nuevo edificio judicial de A Parda. El portavoz de la Administración local, Raimundo González, reiteró lo ya expuesto el pasado viernes por el concejal de Patrimonio, Vicente García Legísima, y dejó claro que el Concello «xa pagou».
El edil nacionalista ahondó en el enredo que mantienen Xunta y Ayuntamiento sobre los terrenos de A Parda. Según el gobierno local, la parcela, aún sin registrar, está disponible desde octubre, mientras que la Consellería de Presidencia anunció que no licitará las obras hasta que haya una cesión ante notario. Raimundo González afirmó que el Concello hizo los deberes y asumió una «competencia impropia» porque entiende que el nuevo edificio judicial es necesario. «O Concello xa pagou máis de 1,3 millóns de euros e os terreos están a disposición da Xunta. Outra cousa é que teña ou non financiación. Esta mesma liada montárona co CIFP Carlos Oroza e xa sabemos o que pasou», dijo en alusión al compromiso para la construcción de un nuevo centro integrado de formación profesional que, pese a la cesión de los terrenos, quedó en papel mojado.
El portavoz del equipo de gobierno ironizó con que no está claro que la Administración autonómica acepte la parcela propuesta. «O Concello, facendo uso dunha competencia impropia, da terreos para un edificio xudicial, expropia, paga e a Xunta marea a perdiz. Parece que non teñen proxecto, nin está rematado», apuntó. El portavoz del Concello comentó que así lo admite la propia Xunta, que le trasladó que «o proxecto básico e de execución xa está en curso e próximo ao seu remate».
Vías urbanas
Al margen de esta cuestión, en la junta de gobierno de ayer se adjudicó a la empresa EC Casas los trabajos de mantenimiento de las vías públicas urbanas. La vigencia del contrato es por un año y el presupuesto asciende a 241.000 euros.
El gobierno local siembra dudas sobre la financiación por parte de la Xunta