Es mejor ser dueño de tu silencio que esclavo de tus palabras. Esta máxima no solo nos enseña a ser precavidos en nuestras declaraciones, si no que también nos dice que vale más la acción que la dicción. El grupo empresarial al que represento siempre ha sido amigo de la discreción, del trabajo silencioso y de saber amoldarse a los avatares de los tiempos, ya sean las bonanzas de antaño, ya sean las pobrezas de hoy. Y cuando digo pobrezas no solo me refiero a la crisis económica que nos está estrangulando; también me refiero a las pobrezas morales y políticas que nos están invadiendo. Antes de seguir, debo recordar que el grupo al que hoy pongo voz lleva más de 50 años por estos lares, por lo que sinceramente creo que tiene derecho, deber y, sobre todo, razones para exponer su opinión sobre la polémica de Ence.
Lo que empezó siendo una opinión marginal en contra de la situación de la pastera, poco a poco se ha ido generalizando en los ambientes políticos, poniendo de acuerdo a partidos de muy diferentes ideas en lo básico, si no en las formas. Unos quieren que Ence desaparezca ya, otros entienden que se han de cumplir los plazos, y algunos, una mayoría sin tribuna pública, creemos que estamos a punto de cometer un enorme error. Si algo bueno sacaremos de esto es que por una vez patronal y sindicatos mayoritarios estamos en el mismo lado.
La ley está para cumplirla, no hay ninguna duda. Pero la ley debe ser interpretable, y en las ocasiones en que el cumplimiento de la misma pone en peligro el bienestar social y económico de una comarca, debe rectificarse. Algunas administraciones autonómicas están en esa labor (País Vasco, Asturias, Cantabria), conocedores del impacto que supondría tener que cerrar algunas de sus instalaciones fabriles más importantes. Asusta pensar que nuestra comunidad pueda tomar un rumbo diferente.
No quiero inundar de números este texto, pero a base de repetir a veces se conciencia: casi 600.000 toneladas de media anual movidas por el Puerto de Marín; 7.500 toneladas que entran y salen diariamente por camión; 350 empleos directos o, lo que es lo mismo, 17 millones de euros solo en nominas, sin sumar a las más de 600 personas que trabajan durante la parada anual (repito, parada anual); más de 5.000 empleos directos e inducidos. ¿Qué ciudad o comarca está en disposición de perder esto? ¿Cómo no nos sirven de lección otras comarcas de nuestra comunidad que han sufrido un proceso de desindustrialización hace ya décadas y aún no se han recuperado?
En este país levantar una torre eólica crea polémica, dotar a un puerto de ferrocarril crea polémica; construir una nave en un polígono industrial crea polémica? y la situación de una fábrica de la que depende el futuro de nuestros hijos crea polémica. ¿No será la intención de los que nos dirigen mantener una Feira Franca permanente y convertir Pontevedra en la ciudad medieval del trueque?