El cuartel vive entre la faena diaria y el ánimo de conciliación

Lars Christian Casares Berg
Christian casares PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

«Este es un problema judicial que a nosotros nos coge por el medio»

13 oct 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

Como la del vecino que vive de alquiler y tiene que soportar las miradas recelosas en las escaleras de quienes saben que la cuota de la derrama correspondiente a su piso continúa sin ser abonada por el propietario. Así es la vida de quienes trabajan en la Brilat. «Este es un problema judicial que a nosotros nos coge por el medio», aseguran fuentes dentro de la base. Saben que no son interlocutores en el conflicto, por mucho que desde el entorno vecinal concedan al actual general Alonso Miranda un talante mucho más integrador que el de su antecesor.

Del acuartelamiento dependen directamente dos mil quinientos trabajadores, de los que 1.700 son gallegos, y de estos, 400 pontevedreses. Dentro hay de todo. Pero el trabajo en la base se mantiene entre el afán de convivencia con el entorno y la faena diaria. El día a día en la base continúa sin más. «Esto va para largo. Acabará en el Supremo», vaticinan fuentes militares. Y si el ministerio entretanto decide cambiar la base de sitio, los militares confiesan ser los más acostumbrados a recibir órdenes.

El Ministerio de Defensa cifra en cuarenta millones el impacto de la base en la comarca de Pontevedra. El grueso corresponde a las nóminas de los soldados y el personal laboral, que copan treinta y cuatro millones de euros, según los mismos cálculos. Es un caramelo jugoso para muchas zonas de España donde la convivencia con las tropas se antoja más sencilla por una menor dispersión poblacional.

¿Se irá la base? No, salvo que deje de ser considerada estratégica por el Ministerio de Defensa. El sentir en Fïgueirido es que dependerá de si la sentencia es ratificada y si la indemnización por los terrenos a la que tendrán derecho los vecinos es tan abultada como se especula o no. Si todo el suelo debe ser expropiado por parte del Estado, el coste final podría dispararse hasta los 17 millones de euros. «Puede que finalmente se llegue a un acuerdo por todos los terrenos o solo una parte de la base», apuntan las citadas fuentes militares, con el mismo ánimo conciliador del inquilino cuyo casero tiene un problema con la comunidad que él no puede resolver, pero que sus vecinos le recuerdan a diario con miradas inquisitoriales en la escalera. Entretanto, articula su defensa diaria poniendo su mejor sonrisa en la escalera.