No le consultó el problema con Sercoysa por no tener que abonar sobrecostes
02 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Xunta no tendrá que pagar ni un euro más para construir el puente de As Correntes ya que todos los sobrecostes tendrán que ser asumidos por el Concello. Esta es la razón de que el gobierno local no consultara a la Xunta el problema surgido por la adjudicataria cuando pidió un incremento de 1,8 millones para terminar el puente, según indicaron fuentes cercanas al concejal de Infraestruturas, César Mosquera.
Pese a cofinanciar casi la mitad del puente, con 3 de los 7,2 millones que cuesta, el gobierno local mantuvo a la Consellería de Medio Ambiente, que dirige Agustín Hernández, al margen de la disputa en torno a los sobrecostes. Iniciada el pasado mes de febrero al exigir la unión temporal de empresas formada por Sercoysa-Ogensa-Atlántica 1,8 millones más, esta disputa fue cerrada dos días antes de las elecciones al aprobar la comisión de gobierno un reformado a coste cero y el abono de unos 200.000 euros a cuenta del aumento del IVA del 16 al 18%.
Fuentes de Medio Ambiente indicaron (ver La Voz del día 25) que no hubo «ningún contacto, ninguna consulta, ni nada» por parte del Concello. Pese a esta situación, Medio Ambiente cree que no puede situarse al margen del desenlace final de las discusiones. «Es un convenio que tenemos y nos preocupa porque financiamos una parte», indicaron.
Desde el Concello, sin embargo, se sostiene que Medio Ambiente ya realizó su aportación máxima prevista (3 millones) y que, con posterioridad a este desembolso, la gestión de la obra y cualquier aumento en la financiación corren a cargo del gobierno local, motivo por el que no es necesario recabar la opinión de la Xunta.
A la orden del día
El gobierno local mantiene además que las peticiones de sobrecostes de las obras están a la orden del día y que normalmente se zanjan sin que salgan a la luz. En cualquier caso, su decisión de mantener apartada a la Xunta hará que el Gobierno gallego quede al margen de las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse si la adjudicataria decide reclamar por los nueve meses en que la obra estuvo parada al no tener permiso de Costas. Esta eventual reclamación nunca fue descartada del todo en círculos municipales.