Rías Baixas tenía ayer sobre la mesa una difícil papeleta, pero también la posibilidad de zanjar un problema que tiene tanta historia como la denominación de origen. Si hacemos caso al consello regulador, porque su versión no se parece a la que da Unións Agrarias, la solución es la misma que se ha adoptado hasta ahora: sancionar primero para después mostrar su magnanimidad y levantar las multas a los malvados infractores. Algo que queda muy bien, sobre todo, cuando hay unas elecciones tan cerca.
El problema es que esta medida no termina con los excesos de producción. Porque ¿qué va a pasar el año que viene? Pueden suceder dos cosas. La primera es que los viticultores, sabiendo que las multas nunca van a pagarse, vuelvan a vendimiar más de lo permitido. La segunda es que aquellos cuya producción supere los límites, temerosos de tener que afrontar una sanción de dos mil euros, decidan no vender esa uva por lo legal. ¿Y entonces? ¿Quién se cree que en una denominación de origen en la que se necesita más cosecha porque no hay suficiente para atender a los mercados esa uva excedentaria va a quedar colgada en la vid? Pues nadie.
La otra cuestión que surge es ¿por qué hay determinados sectores que se muestran contrarios a incrementar los límites de los rendimientos? Claro, es por la calidad.