Técnicos de tres áreas municipales suscriben un informe desfavorable
05 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Concello de Pontevedra presentará unas duras alegaciones al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Hospital Monte Carrasco. El concejal de Infraestructuras, César Mosquera, dio cuenta ayer el documento avalado por técnicos municipales de tres departamentos, -Urbanismo, Infraestructuras y Plan General-, que ocupa 32 folios y concluye emitiendo un «informe desfavorable» al plan defendido por la Xunta de Galicia.
La primera irregularidad advertida por los técnicos se refiere a que el plan no está completo, ya que falta documentación que fue reclamada a la Xunta pero nunca se remitió al Concello.
En cuanto al contenido en sí, se identifican varios tipos de irregularidades. Desde el punto de vista urbanístico, se cuestiona que un edificio de 11 plantas de alturas «vaya a integrarse con el paisaje natural» de la zona de Monte Carrasco.
Edificabilidad
Sistema viario
Igualmente se considera que el proyecto no resuelve el suministro de agua o que la viabilidad económica no está suficientemente estudiada y no se corresponde a la realidad. A modo de ejemplo el metro de zona verde está fijado en unos siete euros cuando el precio real, según los técnicos municipales, no baja de quince.
También se advierte de que se excede la edificabilidad permitida al tratarse de un suelo urbanizable nuevo no contiguo a núcleo urbano; o que aproximadamente la mitad de los terrenos afectados cuentan con protección especial que no será fácilmente descatalogable según las directrices de la propia Xunta. Asimismo, «no se menciona la existencia del Proyecto Sectorial de Montecelo, que sigue vigente, ni se da una salida a ese asunto».
Los técnicos municipales también aluden al sistema viario de accesos e interior, «que non se resolve de forma óptima», y a carencias en los estacionamientos previstos. Sobre estos últimos hay dos irregularidades: por un lado, que se prevén 2.670 plazas cuando ciñéndose a la normativa vigente tendrían que ser 3.738; y, por otro lado, se cuestiona la ubicación de plazas para discapacitados en pendientes, incumpliendo por tanto la ley de accesibilidad.
Otro aspecto cuestionado son las zonas verdes incluidas en el proyecto. «Son manifesta e claramente ilegais», afirmó Mosquera, porque se sitúan «en zonas marginales y residuales», algo expresamente prohibido.