La segunda parte del Fondo Estatal para el Empleo prevé invertir en Pontevedra 103 millones de euros en los 624 proyectos presentados por los concellos de la provincia. El 25% de estas solicitudess de inversión aprobadas por el Gobierno central ya han sido adjudicadas, según explicó el delegado del Gobierno, Antón Louro, con motivo de la creación de la comisión de seguimiento del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de la provincia de Pontevedra. Ayer era el primer encuentro oficial entre sindicatos -CIG, UGT y CC.OO.-, patronal y representantes del Gobierno y la Federación Galega de Municipios y provincias (Fegamp) para controlar la adjudicación y desarrollo de unos trabajos que prevén reactivar la economía con la creación de más de 2.851 empleos. Según el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, antes de que llegue el verano se volverán a sentar para evaluar los proyectos de inversión. Por primera vez, los agentes sociales y económicos podrán pedir cuentas a los concellos sobre el estado de las obras, después de que la Asociación de Constructores de la provincia denunciase hace semanas que se estaban cometiendo irregularidades en la contratación y el pago de las obras. «Os sindicatos pediron coñecer todas as empresas adxudicatarias das obras», indicó ayer Louro, quien restó importancia a la queja que semanas atrás llegó de la patronal de los constructores. «Valoramos dun xeito moi positivo a execución das obras en Galicia, pero seguro que o poidamos facer mellor. Hai unha lei de contratos do estado que regulan os procedementos de execución e xetión presupuestaria», indicó. Por su parte, el presidente de APEC, Ángel Fernández Presas, prefirió guardar silencio. Empleo duradero Ante la posibilidad de que la segunda parte del Plan E genere trabajo marcado por la temporalidad, el delegado del Gobierno aseguró que eso habrá que responderlo al final del año, pero la intención «é que se creen e se manteñan por iso falamos de 16 tipoloxías diferentes». De los 624 proyectos presentados y aprobados por los concellos de la provincia, 527 son de inversión u obra -a los que se destinan 92 millones- y otros 97 son de gasto social a los que se han asignado 10 millones de euros. Entre los trabajos para los que más inversión solicitan los ayuntamientos es para la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y otras redes de suministro de agua, que absorberán casi 33 millones de euros, el 36% del presupuesto autonómico. Otros 25 millones serán para la construcción, la adecuación y mejora de los centros de servicios sociales, sanitarios y culturales o deportivos. Solo 97 proyectos sociales Respecto a los proyectos de gasto social, de los que se beneficiarán cerca de 350.000 usuarios, el mayor porcentaje de las solicitudes están encaminadas al ámbito educativo y a «outras políticas sociais», según explicó Antón Louro, que fija en la diversidad de las obras, la posibilidad de fijar empleos al margen de la construcción. Desde el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya se han transferido pagos para financiar el 85% del importe de 52 actuaciones de los 624 proyectos aprobados en la provincia para generar empleo. A la comunidad gallega le toca solo un 6% del montante total consignado para todo el país. De esos 300 millones que se reparten entre los ayuntamientos de Galicia, a Pontevedra le tocaun 34%.