Un constructor asentado en Cuntis pero natural de Barro, M.S.B., ha sido condenado a un año y seis meses de cárcel y al pago de una multa de 8.820 euros por un delito de apropiación indebida.
La Audiencia considera probado que, a finales de octubre del 2002, la dueña de una casa de turismo rural de Catoira contrató a la empresa del encausado, Construcciones Barros Sanmartín, la rehabilitación del inmueble por importe de 316.421 euros. En marzo del 2003 se inició la reforma de la propiedad, si bien apenas unos meses después, en julio, M.S.B. abandonó estos trabajos definitivamente, «quedándose con el total del dinero que le había sido entregado para su ejecución total».
De hecho, la Audiencia reconoce que las obras se quedaron a mitad de ejecución, circunstancia que obligó a la denunciante a contratar a una segunda empresa para que concluyese las labores iniciadas. A esta segunda firma se le tuvo que abonar 56.766 euros por estos trabajos, cantidad que ahora se consigna como indemnización.