A finales de mayo del año pasado, en el marco de la operación Jarabo, la Guardia Civil detuvo a diez personas a las que vinculó con ochenta estafas a través de Internet en veinticinco provincias españolas, entre las que se encuentran Pontevedra y Lugo. Tras meses de instrucción, el juzgado encargado de la misma y la Audiencia de Cuenca consideran que existen indicios de la comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, estafa y asociación ilícita.
De hecho, las pruebas recopiladas por el instituto armado apuntan en la dirección de que «nos encontramos en presencia de una organización dedicada a la obtención de claves de cuentas bancarias electrónicas, el descubrimiento de las mimas y la posterior realización de transferencias fraudulentas a cuentas aperturizadas por miembros de la propia organización».
Las dos denuncias esclarecidas en Pontevedra ponen son esclarecedoras del modus operandi que utilizaban los sospechosos. De este modo, mediante mensajería instantánea, entre los distintos niveles de la supuesta organización se produce una transferencia de archivos para que se creen webs clónicas de la página de una conocida entidad bancaria.
El siguiente paso consistió en el envío de correos masivos a usuarios de banca electrónica. Es noviembre del 2008 y algunos clientes, entre los que se encuentran dos pontevedreses, aparentemente no se percataron del engaño.
Ya con las claves y contraseñas de las víctimas en su poder, y mediante banca electrónica, distintas cantidades de dinero eran desviadas a otras cuentas de ahorro que habían abierto varias mulas, esto es, personas captadas por la supuesta organización, en este caso, generalmente de origen rumano. Al final del proceso, el dinero es remitido a la organización a cambio, normalmente, de una remuneración económica.
De este modo, en Pontevedra, fueron realizadas dos transferencias fraudulentas por importe de 223 y 373,99 euros.
Parado y sin arraigo
En este caso concreto, la supuesta mula muestra el perfil típico de las personas que son captadas por estas redes internacionales. Se trata de un persona natural de Rumanía que carece de arraigo en España, donde no tiene trabajo ni domicilio estable. Estas circunstancias, junto con las penas que pueden llevara aparejadas los delitos que se le imputan, incrementan «notablemente el riesgo de fuga» o que el sospechoso reincida, toda vez que «existen múltiples causas en todo el territorio nacional en las que podría estar involucrado».