El partido cree que el Concello tiene que derribar el edificio ilegal de la calle Real para eludir más multas
PONTEVEDRA
La situación del río Umia no fue la única cuestión que abordó ayer Izquierda Unida (IU). Este partido, que no tiene representación en la corporación municipal de Caldas, también se refirió al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra que obliga al Concello a derribar el edificio ubicado en el número 57 de la calle Real antes del próximo 7 de julio.
IU se mostró muy crítico con el proceder del equipo de gobierno en este caso urbanístico que se arrastra desde el año 2002, cuando una sentencia en primera instancia anuló la licencia otorgada por el Ayuntamiento a la empresa Promotora Caldense por haber incumplido la normativa del fondo edificable.
Cristina Barros señaló que la sanción de 1.200 euros impuesta al alcalde, el socialista Juan Manuel Rey, por no demoler el inmueble no la va a pagar de su bolsillo. «Su cabezonería en defender los intereses de algún promotor debería trasladarla para defender los intereses de todos los caldenses», dijo.
IU se preguntó qué intereses hay entre el Concello y este promotor -en alusión a José Manuel Campañó Luna- que está vinculado al edificio que hay que tirar, al aeródromo de Godos y a las naves de As Veigas de Almozar. «Es un fastidio tirar un edificio cuando hay problemas de acceso a la vivienda, pero la sentencia es firme y si no se acaba con esto va a haber más multas».
Este partido trató otros dos asuntos ayer. Expresó su rechazo a que parte de la calle Juan Fuentes lleve el nombre de los Padres Somascos porque el cambio «causaría molestias a los vecinos» y criticó que el Concello no apueste por pasos de peatones elevados en el casco urbano.