Concellos de la comarca son incapaces de cumplir fallos por diversos motivos
08 feb 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Hace unos días, un Juzgado requirió al Concello de Caldas un informe sobre el estado actual de la orden de derribo de un edificio localizado en la calle Real, una estructura que no está habitada. Y el pasado mes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia instó nuevamente al Ayuntamiento de Sanxenxo a que proceda a la demolición de un edificio de Portonovo ubicado en la calle Ourense.
Estos solo son dos de los ejemplos de inmuebles que por órdenes judiciales deben ser derribados, pero que en cambio, los concellos donde está ubicadas las estructuras o tienen problemas para ejecutar el fallo o simplemente maniobran para dilatar en el tiempo el cumplimiento de sentencias.
De hecho, se desconoce el número exacto de propiedades que se levantaron de forma ilegal en los ayuntamientos de la comarca pontevedresa, puesto que no existe un censo específico. Además de Caldas y Sanxenxo, hay edificios ilegales que sobreviven en Marín, Bueu y Poio, entre otros.
Un ejemplo clásico en el que el Ayuntamiento es incapaz de cumplir una orden de derribo es el de Sanxenxo. A pesar de numerosos intentos, el polémico edificio Boavista de Baltar (Portonovo) es ilegal desde su construcción hace 25 años. La estructura cuenta con una superficie de 1.789 metros cuadrados distribuidas en siete plantas, de los que 1.079 metros son ilegales debido a un exceso de edificabilidad.
Hace más de año y medio técnicos de Urbanismo se personaron en el inmueble para realizar trabajos de replanteo de cara al derribo, pero todavía no se pudo proceder a la demolición del mismo.
En el último pleno de la corporación se afirmó que en cuestión de un mes podría ejecutarse la orden de derribo que pesa sobre el Boavista, pero la oposición recordó que ese anuncio se hizo ya en una infinidad de ocasiones. También en Portonovo, el TSXG recordó hace unas semanas el fallo que reclama la demolición del edificio Venus. Los propietarios ganaron tiempo indicando que encargaron un estudio para derribar el exceso de edificabilidad, pero los técnicos finalmente afirmaron que la demolición selectiva era inviable.
El inmueble de Caldas también tiene una orden de demolición desde el 22 de noviembre de 2005 por incumplir la normativa del fondo edificable. En este caso, los vecinos del edificio colindante presentaron un escrito ante el juzgado indicando la situación del inmueble.
Otros ejemplos se encuentran en Marín y Bueu. Uno comparte concellos, puesto que Marín recurrió a los juzgados para anular la licencia de obra de Bueu para la contrucción de una casa ubicada en Lapamán. En la guerra de límites, el TSXG dio la razón a Marín al indicar que la casa estaba dentro de su municipio, y no en Bueu. La controversia sigue en los juzgados -ahora ya solo entre el particular y Marín- y la obra está paralizada.
Y en Poio, aunque el Concello insiste en demoler, por ejemplo, un edificio declarado en ruinas ubicado en A Barca, el inmueble sigue en pie y apuntalado. El gobierno local quiere que los propietarios desahucien a los inquilinos para derribar la casa.
También está intratable la estructura que afea el paisaje desde la PO-308 en Lameiriña (Raxó). En este caso, solo se edificó el esqueleto del inmueble, una polémica que llevó a la constructora a acusar al alcalde, Luciano Sobral de prevaricación y desobediencia a la autoridad.