El fiscal ha instado al Juzgado de Instrucción de Marín la apertura de juicio oral para determinar si existió ilícito penal en la venta de la constructora Malvar. En el banquillo se sentarán la expropietaria de la compañía, Thais de Picaza, para quien solicita sendas penas de un año por un delito contra la Hacienda pública y otro de falsedad en documento mercantil y más de un millón de euros en multas, y un asesor fiscal, quien se enfrenta a una petición de ocho meses.
El ministerio público mantiene que, ante las dificultades económicas que atravesaba el Grupo Malvar en los noventa, existió un contacto con una segunda empresa para que esta adquiriera a las del grupo. Tras diversas negociaciones, la acusación mantiene que desde OHL le exigieron a Thais de Picaza, «al menos, parcial capitalización de José Malvar Construcciones, empresa a la que se le debían vender determinados inmuebles por importe de 230 millones de pesetas».
Añade que la venta se realizó a través de San Cucufato, «una sociedad de carácter meramente patrimonial». Mantiene que se confeccionó la contabilidad para no tributar por las transmisiones y correspondientes beneficios de la firma.
La conclusión de la Fiscalía es que desde San Cucufato se entregaron bienes a Construcciones Malvar a cambio de acciones de esta y la posterior venta de las acciones a OHL al precio simbólico de una peseta.