El alcalde de Poio anunció que, a partir del lunes, se estudiarán los pasos a seguir y se informará a la Xunta
16 dic 2007 . Actualizado a las 02:00 h.Un varapalo en toda regla ha sido el desenlace que para los intereses del gobierno municipal de Poio ha tenido el concurso para que promotores y particulares ofrecieran inmuebles y propiedades donde realojar a las familias gitanas afectadas por los derribos de chabolas. El propio alcalde reconoció ayer que el hecho de que el procedimiento abierto se hubiese cerrado ayer sin que no se registrase ni una sola propuesta de compra era un mazazo. Un golpe aún mayor si cabe si se tienen en cuenta que Luciano Sobral siempre ha asegurado, y ayer no fue una excepción, que «contábamos con xente interesada» en personarse en el concurso. Sin embargo, todo parece indicar que, en el momento decisivo, se han echado para atrás. El regidor municipal no dudó en explicar este presumible cambio de opinión en las situaciones de rechazo a la reubicación de los gitanos que han tenido lugar en distintos puntos de la comarca a lo largo de las últimas semanas. No obstante, aseguró estar esperanzado con hallar en los próximos días una solución a esta problemática social. Por lo pronto, el Concello de Poio comenzará a moverse a partir de mañana mismo. «En principio, imos a agardar ata o luns para comunicar isto á Consellería [de Vivenda]», precisó el alcalde de Poio, al tiempo que insistió en que técnicos municipales, sobre todo de los servicios de intervención y secretaria, comenzarán a analizar y estudiar los posibles pasos a seguir en las próximas jornadas. Todo apunta a que dos son los posibles caminos por los que podría llegar a optar el Ayuntamiento de Poio. El primero conllevaría el permitir la posibilidad de que los potenciales propietarios de inmuebles puedan realizar ofertas directas a las familias gitanas, mientras que el segundo supondría una nueva demora temporal, ya que el Concello tendría que anunciar y llevar a cabo un nuevo concurso de similares características al que concluyó ayer y que tan poco resultado les ha dado. En cualquier caso, Luciano Sobral recalcó que «aínda se teñen que estudar que trámites se deben seguir», por lo que es muy pronto para que el Concello se pueda decantar por una u otra vía. Prórroga Más clara parece la solicitud de una prórroga a la Consellería de Vivenda. Sobral precisó que la moratoria «con seguridade» se va a pedir a la Xunta de Galicia con el objetivo de que el dinero contemplado en el convenio suscrito por el Ayuntamiento y la Administración autonómica no se pierda. Y es que, y así se recoge en el documento suscrito, las cantidades puestas sobre la mesa por Vivenda deben ser empleadas, en principio, antes de que finalice el año. En el convenio entre ambas administraciones se establece que la Consellería aportará 670.000 euros, mientras que de las arcas municipales saldrán 167.000. Este dinero sería empleado para adquirir las viviendas en las que se realojarían los afectados por las demoliciones, quienes tendrían que, al cabo de dos años y si el informe de integración social de las familias es positivo, abonar la propiedad pagando únicamente un porcentaje del coste de la infraestructura. También se contempla que los beneficiados puedan construir una vivienda, supuesto en el que la Xunta aportaría entre el 30 y el 50% de su coste.