Concello y Diputación se enzarzaron ayer en una batalla de acusaciones mutuas y declaraciones subidas de tono en torno al sobrecoste de las obras de Pasarón. Mientras se lanzaban mutuos reproches, responsables políticos de ambas instituciones no excluyeron un acuerdo político para solventar la situación.
Si existe una coincidencia entre todas las instituciones es que en ningún caso hay voluntad de asumir un incremento del 80%, que haga subir la factura final de 7,2 a 13 millones de euros. En todos los casos se apunta que esta cifra es excesiva y que los técnicos deben revisar con lupa el proyecto modificado para recortarla.
Los problemas surgen a la hora de ver quién tiene que afrontar los costes. Desde el BNG, grupo mayoritario en el gobierno local, se insistió ayer en que debe ser la Diputación quien pague. Se asegura que fue el organismo provincial quien aprobó el proyecto y quien adjudicó la obra y que, del mismo modo que se beneficiaría de las bajas, debe afrontar las alzas si están justificadas. Además, se acusa a la Diputación de apropiarse de los méritos de una obra en la que el Concello «aporta máis» que el organismo provincial si se incluyen los terrenos.
César Mosquera, concejal y portavoz nacionalista en la Diputación, se preguntó ayer si el ente provincial ayudará al Concello cuando las expropiaciones se eleven de 400.000 a 2.000.000 euros, una vez que se pronuncie el jurado provincial sobre las reclamaciones que se puedan presentar. Recordó además que las arcas municipales ya están haciendo frente en solitario a otras situaciones parecidas, como puede ser el sobrecoste de los terrenos del anillo de A Eiriña.
Caso Ponte Arnelas
El portavoz nacionalista subrayó además que el Concello tuvo que afrontar en su día alzas de obras derivadas de convenios, como la Rúa Real, y que la propia Diputación había asumido en solitario importantes desfases, entre ellos, el del puente de Ponte Arnelas, ubicado en una carretera de la Xunta y construido mediante convenio con Política Territorial.
Desde la Diputación, el vicepresidente Figueroa Vila apostó ayer por un acuerdo basado en el global de las aportaciones económicas de la cada institución, incluidos los fondos del complejo deportivo de A Parda, previa revisión técnica del incremento de 7,2 a 13 millones que se pide. En un reparto proporcional, esta solución haría que el organismo provincial bajase su aportación del 52 al 40% y el Concello del 44 al 33% en comparación con una distribución basada sólo en las aportaciones para el estadio. Contrariamente, la Xunta tendría que subir del 3 al 26%.
Figueroa Vila defendió la implicación de Xunta y Concello en el sobrecoste argumentando que estuvieron en la mesa de contratación y que el municipio aprobó el proyecto en junio. Desde el Concello se señaló, sin embargo, que fue una mera aprobación de condiciones urbanísticas.
El diputado vigués dijo que no vale con «explicaciones verbales» de los técnicos para asumir el sobrecoste. Al recordársele que parte de las mejoras recibieron luz verde de representantes de la Diputación, el Concello y la Xunta en las comisiones de seguimiento de la obra, señaló que lo que pedía es que los aumentos fueran «documentados». La exigencia de «responsabilidades» quedaría para más adelante.
Socio del Celta, pero también simpatizante del Pontevedra, Figueroa acusó a Mosquera de «echar balones fuera» y señaló que la opción cero -dejar el estadio como está- «non se contempla baixo ningún concepto». Al final, pidió un acuerdo entre Administraciones que en el Concello se considera también poco menos que inevitable, pero en ningún caso sobre un recargo del 80%.