Los afectados denuncian el oscurantismo y la falta de información de la Xunta
12 sep 2007 . Actualizado a las 02:00 h.A escasas jornadas de que, en teoría, comiencen las obras del proyecto de seguridad vial en la PO-308 las criticas de los vecinos contra la Consellería de Política Territorial arrecian. La asociación que aglutina a buena parte de los afectados ha sintetizado en cinco puntos las principales discrepancias, al tiempo que no se descartan el realizar toda clase de movilizaciones.
Primer punto. Falta de dialogo. El colectivo asegura que sus continuas peticiones de entrevistarse con la delegada provincial han caído en el vacío: «Todavía, a día de hoy, no ha tenido un hueco en su agenda para poder recibirnos».
Es más, lamentan que desde la Administración autonómica les remitan al Concello de Poio, ente que «manifiesta que no dispone de los planos relativos a las variaciones introducidas en el proyecto original, no pudiendo dar más información que la aparecida en los medios de comunicación». Esto es, de la intención de reducir en tres metros los terrenos a expropiar.
La conclusión que extraen los afectados de esta situación es que se debe deber «a su falta de experiencia» o, por el contrario, a que va «a intentar vender la modificación del proyecto de forma partidista».
Segundo punto. Falta de información. «A día de hoy ninguno de los propietarios ha recibido notificación alguna de los bienes y derechos afectados», circunstancia que, según sostienen, hace que sea «imposible que las máquinas entren en sus terrenos en el plazo indicado».
Advierten que, de no cumplirse las formalidades legales, acudirán a los tribunales, al tiempo que exigen que se exponga públicamente el proyecto de modificación del planeamiento original, modificación que debería recoger la reducción de las expropiaciones.
Tercer punto. Falta de concreción. La redacción del proyecto para la PO-308 «no hace referencia en absoluto a aspectos fundamentales para esta asociación, como son la reposición de los elementos que resultan afectados por las obras», caso de muros, entradas a viviendas o portalones.
Además, califican como ridículos los precios fijados para las expropiaciones. El que se les pague cinco euros si el terreno es rústico o catorce si es solar, es «una burla y un desprecio para los titulares», sobre todo si se tiene en cuenta que se fijó para la zona de O Grove, en la parroquia de San Vicente, un precio de «72 euros el metro cuadrado» siendo como es «suelo de núcleo rural similar al de esta zona».
Cuarto punto. Falta de explicación. En el documento hecho público por la asociación, los afectados se muestran profundamente indignados con Política Territorial, «máxime cuando no hay ni un solo representante de la Administración que realiza el proyecto que se digne a explicarles en que van a consistir las actuaciones».
En este sentido, la asociación lanza un advertencia: «De no concretar la redacción definitiva del mismo [del proyecto de seguridad vial], seguirán adelante con el contencioso administrativo interpuesto por vulnerar su tramitación el ordenamiento jurídico causando indefensión a los afectados».
Quinto y último punto. Falta de implicación municipal. Los afectados, a la vista de que Política Territorial les remite en última instancia al Concello de Poio, dirigen su mirada al equipo de gobierno municipal. De este modo, exigen que Luciano Sobral se moje instándole a que «solicite el proyecto modificado y los nuevos plantes» y que, simultáneamente, informe de «las superficies que en definitiva se les van a ocupar».
Es aquí cuando el colectivo se muestra más contundente. Así, sostiene que sólo se «evitarán situaciones de fuerza no deseadas» si les remiten las informaciones que piden y en las que se dé garantía de que la reducción de las expropiaciones previstas será toda una realidad.