?ada la conexión de delitos económicos y tráfico de drogas, de la instrucción de la operación Cormorán se ocupan coordinadamente el fiscal antidroga de Pontevedra y su homólogo especializado en delitos económicos. Ya en su informe anual, el primero de los dos profesionales daba cuenta de «las evidentes conexiones que se detectan entre el blanqueo de capitales derivado del narcotráfico y los delitos económicos». Con el mismo propósito de reforzar este tipo de investigaciones, «se ha establecido un sistema basado en la comunicación directa entre los delegados y de éstos con el Servicio de Vigilancia Aduanera (...) y con la Agencia Tributaria». Por otro lado, ambos fiscales pontevedreses sospechan que la reda pudo haber blanqueado algo así como doce millones de euros, si bien es un aspecto que se aguarda concretar en el escrito de acusación. Los números hablan por sí solos de la magnitud de esta investigación, en la que se ha tomado declaración a unos 45 imputados, de los que no todos serán finalmente acusados formalmente. En su memoria del año pasado, el fiscal antidroga reseña que el procedimiento abierto se inició en septiembre de 2004 y se centró en la figura de Pouso Rivas, del que recoge que fue condenado a ocho años por un delito contra la salud pública, y las personas de su entorno. De estas últimas, afirma que, «en concepto de testaferros, aparecían como titulares de un patrimonio de todo punto incompatible con sus actividades económicas». Cifras y más cifras Durante el desarrollo de la operación Cormorán se han incautado e intervenido 49 inmuebles, diez sociedades mercantiles, 1.800.000 euros en metálico, 900.000 euros en depósitos, aproximadamente 35 vehículos -muchos de ellos considerados de alta gama-, así como joyas, obras de arte, facsímiles medievales... El representante del ministerio público destaca que, «en todo caso, con las medidas adoptadas se ha logrado desarticular una organización de narcotráfico muy activa y que se encontraba en pleno funcionamiento y rendimiento».