Crónica | Resolución del Consello Consultivo
02 dic 2006 . Actualizado a las 06:00 h.Lo intentó primero por la vía judicial y perdió. Lo intentó después por la administrativa y el resultado fue todo un revés. Una pontevedresa trató infructuosamente de que la Xunta le abonase una indemnización después de que su coche sufriera importantes daños materiales al atropellar a una vaca. La reclamante sostuvo que la Política Agroalimentaria «non facilitou información veraz sobre a propiedade da res», por lo que no pudo denunciar al dueño real del animal al prescribir el caso. Según consta en el dictamen del Consello Consultivo de Galicia, a la postre el órgano que acordó desestimar la reclamación económica, recoge que el incidente ocurrió el 8 de septiembre del 2001 y la Consellería no identificó fehacientemente al dueño de la vaca hasta más de tres años después. En la resolución se recoge que el día de los hechos, sobre las diez y media de la noche, el hijo de la pontevedresa conducía un Renault Megane por la PO-340. En el kilómetro 14.3, a la altura del municipio de Gondomar, el turismo «viu interceptada a súa normal traxectoria pola irrupción dunha vaca». La Guardia Civil identificó al que creía que era el propietario de la res, pero éste acreditó documentalmente que, un mes antes del accidente, había vendido la vaca a una tercera persona, circunstancia que, a priori, no fue acreditada por la Consellería hasta noviembre del 2004. La desaparición Se da la circunstancia que esta tercera persona, doce meses después del siniestro, presentó «declaración xurada de que a res lle desaparecera a finais do ano anterior», por lo que solicitó su baja del Libro de Explotación Gandeira. La mujer acudió a los tribunales. Sin embargo, en marzo del año pasado, los demandados fueron absueltos «ao non terse acreditado a titularidade e posesión do animal». Fue entonces cuando la pontevedresa realizó la reclamación solicitando una indemnización de 4.443 euros para ella y de 1.006 euros para su hijo. La solicitud fue rechazada. El Consello Consultivo alega, entre otras cuestiones, que si la Consellería no pudo identificar desde un primer momento al propietario real del animal fue porque éste no comunicó en su debido momento la incorporación de la vaca a su explotación ganadera. Concluye que la Administración no tuvo culpa alguna de la identificación errónea.