El fiscal solicita diez años de cárcel para los responsables de Maquinaria de Pontevedra La acusación mantiene que los procesados deben ser inhabilitados durante la condena
01 oct 2005 . Actualizado a las 07:00 h.?iez años de prisión es la pena que tiene previsto solicitar el fiscal a partir de este martes para los que eran administrador y apoderado de la empresa Maquinaria de Pontevedra entre los años 1995 y 1998. De este modo y a lo largo de tres días, la Audiencia Provincial dirimirá judicialmente el denominado caso Maponsa. En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que los procesados realizaron, «de común acuerdo», una serie de operaciones «concertadas en su mayoría con sociedades instrumentales por ellos mismos dirigidas o en las que tenían participación», y cuyo objetivo fue el de «descapitalizar la sociedad Maquinaria de Pontevedra». Para llegar a tal fin, el fiscal aclara que los encausados se valieron «de su condición» al frente de la citada compañía y con el ánimo de «beneficiarse ilícitamente a costa de bienes y derechos que constituían el patrimonio de la sociedad, desde finales de 1995 hasta finales de 1998». Añade, además, que llegaron al punto «de solicitar la incoación de expediente de suspensión de pagos» en dos ocasiones. No obstante, puntualiza que si bien tales peticiones fueron admitidas a trámite por un juzgado capitalino, finalmente ambos procedimientos «fueron paralizados por desestimiento de los instantes». Maniobras Para corroborar los presuntos delitos que imputa a los encausados, el fiscal relata una serie de maniobras que supuestamente llevaron a cabo los procesados. Así, sostiene que se contabilizaron por parte de Maquinaria de Pontevedra de «facturas confeccionadas ex profeso, referentes a los años 1996 y 1997, a favor de la entidad Estudio de Jardinería y Paisajismo por importe de más de 52 millones de pesetas». Afirma que se trata de «operaciones que carecen de justificación documental y que no responden a concepto alguno, habiendo sido declaradas a Hacienda». Asimismo, en marzo de 1996, Maquinaria de Pontevedra «adquiere de la entidad Inverfor, administrada por uno de los imputados, treinta fincas por importe de más de 70 millones». La acusación sostiene que tales terrenos «desaparecen del patrimonio social sin obtener contraprestación», al tiempo que apunta que «cinco parcelas se venden a la entidad Isofor por 25 millones (...), cantidad que la sociedad no recibe, cancelándose el crédito por incobrable sin justificación alguna». Además, en el escrito de la Fiscalía pontevedresa, se hace referencia a otras dos operaciones que presuntamente llevaron a cabo los encausados y relacionadas con las parcelas anteriormente reseñadas. A mayores se recoge que se detectó «una contabilidad irregular, con duplicidad de libros y sensibles diferencias en los asientos de los mismos» y que «se llegan a observar cuentas de gastos no justificados o no necesarios, por importantes cantidades, que sobrepasaron los 40 millones de pesetas». El representante del ministerio público imputa a los encausados un delito de apropiación indebida por el que solicita cuatro años de prisión y el pago de una multa de 3.600 euros; un delito continuado de falsificación de documentos mercantiles castigado con dos año y multa; y cuatro años por insolvencia punible. Este último cargo podría ser alternativamente sustituido por un delito societario por el que solicitaría dos años de cárcel. Accesoriamente, el fiscal mantiene que los procesados deben ser inhabilitados para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de la condena.