Cuatro dirigentes de la CIG se sentarán en el banquillo a principios de marzo
PONTEVEDRA
Los sindicalistas fueron detenidos en un coche en cuyo interior se hallaron dos pistolas de aire Los acusados fueron arrestados en plena huelga de La Unión a raíz de unos daños en varios autobuses
10 ene 2005 . Actualizado a las 06:00 h.Los próximos 8 y 9 de marzo, el Juzgado de lo Penal número uno de Pontevedra dirimirá uno de los episodios más oscuros de la huelga de Transportes La Unión, en el año 2001. En la madrugada del 26 de junio de aquel año, cuatro dirigentes sindicales de la Confederación Intersindical Galega (CIG) fueron detenidos por la Guardia Civil cuando viajaban a bordo de Renault-5, de color rojo. Al parecer, los agentes del instituto armado hallaron en el interior del automóvil dos pistolas de aire comprimido del calibre 4,5 milímetros con doce bombonas de recarga, así como tres cajas de munición, otros tantos pasamontañas, dos tubos de pegamento y media docena de aerosoles de color negro y rojo. Horas antes, varios vecinos de O Grove observaron cómo unos individuos rompían las ventanillas de unos autobuses de la empresa Monbus que se encontraban estacionados en la zona portuaria de la citada villa. Además, estos testigos manifestaron que los causantes de los daños acaban de bajarse de un vehículo de características similares al Renault-5 en el que se encontraban los sindicalistas en el momento de ser arrestados. Se trata de Rafael Iglesias, secretario comarcal de la CIG; Antolín Alcántara, miembro de la ejecutiva nacional del sindicato nacionalista; Xosé Luis Cid, de CIG-Vigo; y Marcos Fernández. Para todos ellos, el fiscal tiene previsto solicitar una pena de dos años de prisión por un delito de daños. Mas contundente se muestra la acusación particular. El representante legal de la compañía Monbus sostiene que los cuatro procesados son autores de un delito de coacciones, por el que mantiene una petición de tres años de cárcel. Fuertes multas A mayores, la empresa imputa a los cuatro dirigentes de la CIG un delito continuado de daños. En lugar de una peña de prisión, la acusación particular instará al juez a que les imponga el pago de una multa que supera los cuarenta mil euros. En cualquier caso, se trata de las calificaciones previas a la celebración de la vista oral y podrían ser modificadas al término de la misma. El Juzgado de lo Penal pontevedrés ha habilitado dos días consecutivos para llevar a cabo el juicio, dado que se prevé que el número de testigos que tengan que declarar en el mismo supere el medio centenar de personas. Así, el 7 de marzo prestarán declaración los cuatro encausados, mientras que veinticuatro horas después le tocará el turno a los testigos en lo que, a todas luces, será una maratoniana jornada de comparecencias judiciales.