Responsables del parque hablan de una «situación de hecho» Un régimen especial de concesiones pondrá coto a la incierta situación jurídica actual
29 dic 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Illas Atlánticas tiene aún una asignatura pendiente en Ons: la regularización de los inmuebles utilizados de forma privada. Así lo admite un informe sobre la situación patrimonial de las islas atlánticas de Galicia presentado con motivo de la última reunión del patronato del parque nacional. La situación pasa por arbitrar un régimen de concesiones especial a través de la Xunta. La reciente transferencia de buena parte de las gestión de los parques a las comunidades autónomas puede terminar facilitando la solución definitiva. Las islas de Ons y Onza son oficialmente bienes de dominio público de titularidad de la comunidad autónoma de Galicia. Así se desprende del Real Decreto 1535/1984 que amplió las funciones de la Xunta en materia de conservación de la naturaleza. En Ons existen 98 inmuebles, parte de los cuales fueron habitados y utilizados por los isleños y sus antepasados, según el mencionado informe, que califica de «peculiar» la situación de los afectados. Desde que la isla fue expropiada en 1942, los isleños permanecen en unas condiciones jurídicas «sumamente inciertas y precarias» que «no han podido regularizarse hasta el momento», pese a los intentos realizados por el antiguo Instituto Nacional de Colonización, que chocaron con la naturaleza demanial de las islas. La Xunta publicó en el año 2001 una normativa específica -la ley 5/2001 de 28 de junio- de régimen jurídico de las concesiones de la isla de Ons. Se trataba de poner en marcha un régimen singular y específico de concesiones. El motivo estaba claro: la situación de los isleños no encaja con facilidad en el marco general de concesiones de la Administración Autonómica. Dicha ley preveía la posibilidad de que los isleños que mantuvieron determinados inmuebles pudieran tener un título jurídico estable, que les permita continuar en este tipo de situación. A cambio, exigía que se acreditase una vinculación histórica con las islas. Dicho título consistiría en una concesión de carácter discrecional, que se justificaría en las distintas circunstancias de los potenciales beneficiarios y en el deseo de no amparar intereses especulativos. Pero, de momento, todo esto no se ha podido llevar a cabo al no existir aún un reglamento que desarrolle la ley que haría posibles las concesiones. El anteproyecto está ahora sometido a informe del Organismo Autónomo Parques Nacionales. El motivo es que la declaración de parque nacional plantea una situación jurídicamente diferente a la que existía cuando se aprobó la ley 5/2001. Esta situación, según reconocen los propios responsables del parque, hace que los inmuebles y sus anexos se encuentren «en una situación de hecho, que no de derecho».