Las dos administraciones se culpan indirectamente del abandono de Orillamar El Ayuntamiento denunció problemas con el alumbrado y Obras Públicas dice que funciona bien
07 jun 2003 . Actualizado a las 07:00 h.La guerra fría entre administraciones sobre el mantenimiento del paseo de Orillamar cumple ya dos años sin que haya tratado de paz a la vista. Fomento y Concello mantienen sus duelos dialécticos sobre quién debe encargarse del cuidado de los 1.350 metros del paseo marítimo pontevedrés. El último capítulo de esta batalla se ha librado en el Parlamento. El diputado Guillerme Vázquez, que vuelve al Concello tras las elecciones del 25-M, preguntó en abril a Fomento por las deficiencias del paseo marítimo y le emplazó a subsanarlas para atender las denuncias «vecinales». El departamento de Álvarez Cascos acaba de contestar que las obras finalizaron en el 2001 «sin que constasen deficiencias constructivas» y que es el Ayuntamiento de Pontevedra quien debe hacerse cargo de la conservación del paseo en la margen izquierda de la ría. Esta obligación figura recogida en el protocolo firmado el 13 de mayo de 1998 entre Fomento y el Ayuntamiento, bajo el mandato del ex alcalde Juan Luis Pedrosa, para mejorar los accesos a la ciudad. Peloteo En mayo del 2002, la Demarcación de Carreteras del Estado decidió pedir que se aplicase el protocolo y se dirigió al Concello instándole a adoptar «las medidas oportunas» para la adecuada conservación y mantenimiento del paseo. A este respecto, indicaba que la franja marítima de la avenida del Uruguay requiere una atención especializada que no encaja muy bien con el ámbito propio de actuación de la Dirección General de Carreteras. La respuesta del Ayuntamiento llegó en junio de ese mismo año y citaba la existencia de deficiencias en las fuentes que producían averías en la instalación de alumbrado. Pero, según la respuesta de Fomento a Guillerme Vázquez, a día de hoy el alumbrado funciona correctamente. «Las obras realizadas -dice Fomento- no presentan deficiencias, por lo que no procede establecer actuaciones ni plazos para corregirlas».