La polémica sobre las subvenciones de la Diputación, repetida cada año, se produce en un marco que, en fuentes próximas al gobierno provincial, se considera uno de los más abiertos de Galicia. Dirigentes provinciales han recordado en los últimos plenos que, en la provincia de Pontevedra, a diferencia de lo que ocurre en otras diputaciones gallegas y de otras provincias, son los ayuntamientos quienes eligen las obras a realizar con cargo a los distintos programas, los que aprueban los proyectos y los que adjudican las obras. En consecuencia, desde el Grupo Popular se cree que la oposición protesta en muchas ocasiones porque «tiene que decir algo». En los escaños de BNG y PSOE las cosas se ven de distinta forma. Se admite que, en la mayor parte de los programas, hay criterios de reparto, como la población y el territorio. Pero se rechaza la letra pequeña de estos repartos. Así, el PSOE, grupo mayoritario de la oposición, no está de acuerdo con que se excluya la población del casco urbano en municipios de más de 20.000 habitantes. Esta medida perjudica especialmente a Marín y Vilagarcía por lo que los socialistas han reclamado un plan especial para estos concellos, así como para Cangas, Redondela, Lalín y A Estrada. Para Pontevedra y Vigo reivindican un convenio con los ayuntamientos.