La medida se complementará con un aumento de la plantilla y el nombramiento de un secretario en Fiscalía El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia la creación de un segundo juzgado de menores en la provincia. Fuentes próximas a este órgano de justicia indicaron ayer que, en la actualidad, el juzgado existente en A Parda y la Fiscalía de menores se encuentran colapsados después de que el año pasado aumentaran las causas tramitadas en más de un 700% con respecto al 2000. Una de las dudas que debe resolver el Poder Judicial es qué ciudad acogerá la sede de estas dependencias: Pontevedra o Vigo.
21 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Fuentes del CGPJ sostuvieron ayer que la intención del Poder Judicial es establecer a lo largo de este año el segundo juzgado de menores en la provincia. Esta medida sería complementada con otras tendentes a aumentar las plantillas y a nombrar un secretario en la Fiscalía, ya que, «hoy en día -añadieron-, la funcionaria que ocupa este cargo en Menores tiene que ejercer estas mismas labores en las dependencias del ministerio público y está sobrecargada de trabajo». Estas disposiciones están encaminadas a resolver la problemática situación que se vive en Pontevedra, una provincia en la que desde que entró en vigor la Ley del Menor, en enero del año pasado, las causas judiciales tramitadas aumentaron en más de un 700% con respecto al 2000. La sede Uno de los apartados que puede levantar mayores discrepancias es el referido a qué ciudad debe ser sede del nuevo órgano judicial. Al igual que había ocurrido anteriormente con la sala quinta de la Audiencia, el debate se establece entre Pontevedra o Vigo. Mientras letrados de la ciudad del Lérez defienden la necesidad de centralizar las dependencias judiciales de menores en la capital y argumentan que la Fiscalía correspondiente y el archivo se encuentra en Pontevedra, los abogados vigueses aducen que aproximadamente la mitad de los casos se producen en la ciudad olívica o en sus alrededores. Estos últimos, además, critican que la situación actual provoca un innecesario gasto económico: «Cuando un menor es detenido en Tui, Vigo o Redondela, por poner un ejemplo, es asistido en primera instancia por un abogado dependiente del colegio olívico, pero cuando se traslada su causa a Pontevedra, por norma general, se nombra a un profesional nuevo».