En los últimos meses, cientos de vecinos de forma particular o colectiva instaron al Ayuntamiento a poner freno a la proliferación de las antenas de telefonía móvil aplicando la normativa urbanística actual, ante la creciente preocupación por daños que pueden ocasionar las radiofrecuencias para la salud pública. En respuesta a esta fuerte presión social, el pleno de la corporación acordó el pasado mes de noviembre la elaboración de una ordenanza para regular estas torretas y la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias a las operadoras de telefonía móvil por un año, hasta que se disponga de la nueva normativa municipal. El gobierno local del BNG viene insistiendo en que la problemática de las antenas se deriva de una reglamentación estatal con muchas lagunas y la Administración Central ha traspasado el conflicto a los concellos. Las operadoras están amparadas por unas concesiones declaradas de utilidad pública que limita la capacidad de actuación de los ayuntamientos y empieza a haber sentencias que dan la razón a las operadoras ante la denegación de una licencia municipal, según recordó recientemente el concejal de urbanismo, César Mosquera.