Decenas de ciudadanos pontevedreses, declarados en situación de emergencia social por las instituciones En esta época de desarrollo, reducción del paro y aumento de la renta es difícil sospechar que haya alguien que no tenga dinero para cambiar el baño o arreglar el tejado. Pero lo cierto es que los servicios sociales de los ayuntamientos han descubierto en los últimos años cientos de ciudadanos en situación de emergencia social en la provincia de Pontevedra. Por no tener, ni siquiera disponen en algún caso de lo suficiente para arreglar la fosa séptica. Y es que, aunque España vaya bien, como señalan los economistas, un extraño impermeable parece impedir que algunas capas sociales puedan certificarlo.
25 feb 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Pueden apellidarse Neira, Taboada, Portela, Valcárcel o Castro, nombres muy familiares y extendidos en cualquier punto de la geografía gallega. Pero su existencia pasa prácticamente inadvertida en esta época de abundancia. Sin embargo, sólo en los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Pontevedra se cursaron últimamente un total de 74 peticiones de ayuda por ciudadanos en situación de emergencia social, cifra a la que hay que añadir las solicitudes de medio centenar de ayuntamientos más. De esas 74 peticiones se atendieron un total de 46. Repasar las listas de necesidades pone los pelos de punta. Cuartos de baño, fosas sépticas, arreglo de tejados, acometidas de luz, arreglos de la cocina o estructuras con peligro de derrumbarse no pueden ser reformados por la baja renta de los afectados. Quienes siguen de cerca estos casos aseguran que se trata de rentas muy bajas, que ni siquiera alcanzan el salario mínimo interprofesional. Un acuerdo entre los ayuntamientos y la Diputación permite otorgar unas subvenciones para ir saliendo del paso. Aportación municipal El organismo provincial otorgó hasta 300.000 pesetas y los ayuntamientos pueden poner un 100% más -es decir, otras 300.000- como en el caso de Vigo. No obstante, lo normal es que aporten un 70% a mayores, como A Estrada, Lalín, Vilagarcía, Cangas o Redondela, todos ellos con más de 20.000 habitantes. Quienes siguen de cerca esta situaciones de emergencia social aseguran que los casos más acuciantes están en el medio rural y que son mucho más numerosos de lo que se cree comúnmente en la sociedad. Y es que, entre corte y corte de cinta, se echa de menos algún que otro paseo oficial por esos arrabales del PIB, donde viven los desheredados de la UE con rentas per capita que apenas si llegan para comer. Quizá entonces alguien pusiese un suspenso en esa asignatura que llamamos solidaridad.