Las contradicciones del expresidente y los funcionarios complican el caso
08 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El proceso abierto contra José Luis Baltar se refiere exclusivamente a las 104 contrataciones realizadas por la Diputación ourensana a principios del año 2010, coincidiendo con el congreso del PP que ganó su hijo. Sin embargo, esa investigación aborda una de las señas de identidad del baltarismo, la política de personal. Lo que se trata de dilucidar en sede judicial es si Baltar eligió a esos 104 contratados de forma arbitraria, pero la oposición afirma que ese modus operandi no se limita al período investigado. Todos los contratos realizados durante los 22 años en los que el exbarón presidió la Diputación son sospechosos, aseguran reiteradamente PSOE y BNG. Según dicen, no puede ser «casual» -como declaró Baltar ante el juez- que la mayor parte de los beneficiados de esas políticas sean miembros del Partido Popular o sus parientes. Una imagen que lo ilustra fue la del dispositivo de apoyo organizado por los fieles baltaristas frente al Pazo de Xustiza cuando el exbarón fue a declarar este miércoles. La treintena de cargos del PP que estaban allí tienen o han tenido en fechas recientes a 87 personas afines trabajando en la Diputación ourensana.
Especialmente destacables son los casos en que los dirigentes del partido son, directamente, trabajadores de la institución. Ese es el caso de la diputada nacional Ana Belén Vázquez, que logró su plaza de técnico en desarrollo local y recursos europeos tras ganar una oposición en el año 2010. Con una excedencia especial por ser parlamentaria, aún no se ha incorporado a su puesto, que la esperará mientras siga ocupando un cargo público. En similares circunstancias está el alcalde de Trasmiras, Emilio José Pazos Ojea, que trabajaba en el hipódromo de la Diputación. Está en excedencia desde que, en mayo del 2011, se convirtió en diputado provincial y tras el cierre del centro hípico fue recolocado como coordinador de las perreras de la entidad, puesto al que volverá cuando abandone su cargo.
Cuando el PSOE solicitó la creación de una comisión de investigación sobre las contrataciones de la entidad, los socialistas trataron de evitar que 14 de los 15 diputados provinciales pudiesen participar en la votación por trabajar en ella -como Pazos Ojea- o por tener familiares o personas afines en la plantilla. Pues bien, la mayor parte del grupo de gobierno de la Diputación estuvo presente el miércoles frente al Pazo de Xustiza para recibir al expresidente.
«Os meus fillos teñen dereito a traballar na Administración pública e se alguén ten dúbidas de que os procesos selectivos se fixeron ilegalmente que presente denuncia. O que non se pode é soltar insidias ou dicir que todos os que traballan na Deputación son enchufados. Iso é mentira», sentencia Plácido Álvarez, portavoz del PP, con dos hijos contratados. Así aparece reflejado en el documento de recusación presentado por el PSOE. Aplicando los datos recogidos en ese informe, los diez diputados populares que apoyaron a Baltar el miércoles tendrían a 45 familiares o afines en la plantilla de la Diputación. A ellos habría que sumar los parientes o compañeros de candidaturas de los demás alcaldes que fueron a apoyar el expresidente.
Instrucción
Especialmente llamativa fue la presencia frente al Pazo de Xustiza del regidor de Monterrei, José Luis Suárez. Y lo fue, porque estaba apoyando, sin saberlo, a alguien que, una vez dentro del juzgado, señaló directamente a su hijo como uno de los principales responsables de las supuestas irregularidades cometidas con esas 104 contrataciones del 2010. También varios de los presuntos enchufados que fueron llamados como testigos apuntaron a José Luis Suárez júnior, jefe de recursos humanos en la Diputación, como receptor de los currículos entre los que después elegía el expresidente, según él mismo declaró. El PSOE ya adelantó que si no lo hace el juez de oficio pedirán que sea llamado a testificar.
Quizá él pueda aclarar las contradicciones que se manifestaron entre las declaraciones que efectuaron el secretario y el exinterventor y la que hizo el expresidente. El primero de ellos, Francisco Cacharro Gosende, dijo al juez que advirtió a Baltar de que los empleos disponibles debían haberse publicitado para que cualquier interesado hubiese podido optar a ellos. El expresidente le respondió -según afirmó Cacharro- que las contrataciones eran urgentes y no había tiempo para darles publicidad. También el exinterventor José María Baños señaló a Baltar como único responsable de las supuestas irregularidades. El funcionario llegó a decir que no sabía «a qué venían» tantas contrataciones.
Cuando el exbarón fue a declarar respondió a los técnicos de la casa devolviéndoles la pelota. Él, según dijo, se limitaba a seleccionar los contratados, y ellos, los funcionarios, eran los que debían formalizar su incorporación a la plantilla provincial conforme a la ley.
Nuevas diligencias
Estas contradicciones podrían aclararse de seguir adelante la fase de instrucción del caso con nuevas diligencias. El PSOE ya ha pedido nuevas pruebas documentales y ha decidido solicitar la comparecencia del jefe de recursos humanos, José Luis Suárez. Además, se plantea pedir que vaya a declarar el actual presidente de la Diputación, José Manuel Baltar. Sería «muy necesario» que lo hiciera, según dijo ayer el portavoz del PSOE, Ignacio Gómez, que recuerda que varios de los supuestos enchufados de su padre han sido recontratados ahora. En todo caso, los socialistas esperarán a que se pronuncie el juez, previsiblemente después ya de carnaval.