Así en la crisis como en la bonanza, hasta que las urnas los separen, los alcaldes han de cobrar por su servicio público: más si se consagran a él totalmente y menos si se dedican al mismo de manera parcial. Lo contrario sería fomentar que la política se llenara (más) de ricos tan altivos como mediocres o bien de pobres corruptos en potencia, colegas del trinque. Y, además, deben hacerlo, tienen que recibir, en función del lugar que gobiernen; o sea, según el número de personas cuyos destinos rijan, el volumen de recursos económicos y humanos que gestionen e incluso las firmas que, con responsabilidad inherente, estampen. Esto es, en un sistema perfecto, ganarían en base al cuánto y al dónde, sin importar tanto el cómo, pues para eso ya existen mecanismos democráticos de sanción: cada cuatro años, a la calle o, en su defecto, a proseguir. Pero el gallego, tipo cabal, sabe que eso no ocurre. Conoce, por ejemplo, que hay regidores percibiendo cinco de cada cien céntimos que entran en el ayuntamiento, suponiendo mayor lastre para las arcas municipales que el propio gasto social, absorbiendo el doble que la inversión real... en definitiva, metiéndose al bolsillo varias decenas de miles de euros cuando sus vecinos apenas se cuentan por cientos. Vía reforma legal, a corregir esas disfunciones se puso el Gobierno al poco de tomar posesión. Pero, en un inaceptable sueldus interruptus, ha echado el freno. En este asunto, el PP ha claudicado ante la presión de sus cargos, no así ante la desazón general por el alza del IVA y el IRPF, la mengua de las prestaciones sociales, el recorte de los derechos laborales... Prioridades. ¡Qué ejemplo, qué país!