Juzgan por delito urbanístico al constructor de una vivienda en precario al borde de la indigencia
VERÍN
La fiscalía valora el estado de necesidad para rebajar la petición de condena, que lleva aparejada el derribo
14 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El estado de necesidad en el que vive el propietario de una vivienda construida sin licencia en el municipio de Verín, algo que el propio implicado reconoció, llevó a la representante del ministerio público a rebajar su petición inicial de condena por un delito contra la ordenación del territorio. La fiscal redujo la solicitud de pena de prisión, recortó la multa y también la inhabilitación, pero no así la reclamación de que se derribe lo ilegalmente construido, pues, según indica, es algo que va aparejado con la infracción y el delito.
La construcción a la que se refiere este procedimiento penal es de fecha indeterminada, pero, en cualquier caso, anterior a febrero del año 2011. Se trata de una edificación de una planta baja, de carácter unifamiliar, en la localidad de Queizás, en Verín. Está hecha en bloques de hormigón y los huecos exteriores están sin cerrar. Tiene unos cincuenta metros cuadrados de superficie. Cubierto con planchas de fibrocemento (uralitas) y viguetas prefabricadas de hormigón, el suelo interior es de grava sin rematar y la división interior es de bloques de hormigón.
No es legalizable
El acusado llevó a cabo la construcción a sabiendas de que carecía de licencia municipal y autorización de la Xunta de Galicia, según le puso de manifiesto la administración local al incoarle expediente de reposición de la legalidad y de que estaba construyendo en suelo no urbanizable. La construcción que da lugar a este conflicto se hizo en un momento en el que estaban en vigor unas normas complementarias de planeamiento tras la anulación judicial del plan de urbanismo de Verín. En la actualidad, además, no es legalizable, puesto que no se puede encuadrar en ninguno de los usos permitidos o autorizables en suelo rústico de protección agropecuaria.
El acusado reconoció haber construido sin licencia. La condena, no obstante, la deberá el juez, pues no se mostró conforme con la petición de la fiscal, que bajó la solicitud de prisión a nueve meses y la multa, a 360 euros. Con todo, mantuvo la propuesta de demolición de la obra al no ser legalizable. Valoró como atenuantes la confesión y también, con carácter muy cualificado, el estado de necesidad, puesto que el acusado vive prácticamente en la indigencia y esta construcción constituye, a pesar de las carencias, su único techo.