El abogado de la presunta víctima y el fiscal creen que hay motivos para condenar
15 feb 2019 . Actualizado a las 08:08 h.Visto para sentencia quedó este jueves en la sala de vistas de la Audiencia provincial de Ourense el juicio contra Carlos R. R., acusado de haber planeado el secuestro de la familia de un abogado ourensano con la intención de conseguir de ese modo que el profesional le pagara una antigua deuda. Tras la declaración de los últimos testigos y peritos las partes presentaron sus conclusiones, con argumentos muy distintos.
Ministerio público y acusación particular, que ejerce el perjudicado, reclamaron que se condene al sospechoso, pero no coinciden las penas que ambos reclaman. Así, la fiscalía solicita un máximo de siete años de prisión, calificando los hechos con un delito de secuestro en grado de tentativa o, alternativamente, como una proposición para una detención ilegal. La víctima, por su parte, ve en lo ocurrido cuatro delitos de secuestro continuado, uno por cada miembro de la familia, reclamando ocho años de cárcel por cada uno, y otros dos delitos de extorsión. Su petición alcanza los 38 años de reclusión en un centro penitenciario para un sospechoso que durante todo el juicio se ha declarado inocente de los cargos.
«Nos han contado una novela», dijo su defensor durante su alegato final, explicando que en ningún momento de la vista se ha mencionado la palabra secuestro por parte de los testigos, incluso policiales. «Nadie en este proceso ha reconocido esto, solo está en la mente del denunciante», dijo, asegurando que el único propósito de su defendido era del de «acojonar» a la víctima. Cuestionó esta parte los testimonios de los testigos que ratificaron que hubo por parte del acusado una propuesta para ejecutar el rapto, por su relación con los ambientes marginales y la drogadicción.
«Las pruebas de cargo son abrumadoras», dijo en cambio el abogado que ejerce la acusación particular, que tildó de «grave» que el sospechoso planease «atacar» a unos niños. «Si me pasa a mí, yo no voy a los tribunales», dijo. Esta parte también puso en duda la existencia de una deuda económica entre la víctima y el acusado, y aseguró que si realmente su cliente debía 124.000 euros al acusado, lo que debía haber hecho este último era acudir a la vía civil para reclamar ese dinero, cosa de la que no existe constancia.
Para la fiscal del caso también han quedado probados los hechos que basan la acusación. Sostuvo esta parte que el imputado «tramó un plan para conseguir lo que se proponía» y recordó que las víctimas tuvieron que cambiar sus hábitos de vida por las amenazas del imputado.