El precio del terreno del centro de salud de O Couto no deja de subir

El Concello ya lo tasa en 260.000 euros cuando quiso expropiarlo por solo 19.000


ourense / la voz

Que el centro de salud de O Couto lo está construyendo la Xunta de Galicia sobre un terreno «cedido» por el Concello de Ourense y aún no pagado a sus propietarios, es sabido. Aún se discute su valor y el contencioso no pinta nada bien para las arcas públicas, si se toma como referencia que la junta de gobierno local había acordado a finales del 2008 fijar el precio de la expropiación en 19.146 euros, una cantidad que ha crecido de forma muy notable. La administración local, de hecho, ya ha multiplicado por más de diez la tasación de ese suelo.

Los particulares que figuraban como titulares registrales de la parcela de 1.517 metros se negaron a aceptar aquellos 19.000 euros. Pleitearon. Han ido ganando paso a paso en el Tribunal Superior de Galicia, de tal manera que los servicios técnicos municipales abandonaron aquella primera oferta de justiprecio para, ocho años después y sin que el valor del suelo haya subido a causa de la crisis, tasar la finca en 260.266,84 euros, según un escrito remitido formalmente al Tribunal Superior de Galicia.

Los particulares, pese al cambio de actitud de la administración municipal, mantienen su reclamación. Y se mueven en cifras sensiblemente más elevadas. Defienden, en este sentido, los 639.715 euros que cuantifica un informe pericial independiente incorporado al procedimiento contencioso administrativo que se inició en el año 2010 y que ha dado lugar a la pieza de ejecución definitiva 7118/2015, que es la que ahora se está rematando.

El valor catastral de la parcela, según razona el letrado José Manuel García Sobrado en su último escrito a la sala de lo contencioso del TSXG, estaba fijado en 498.944 euros en el año 2006. El propio Concello de Ourense, matiza, valoró el metro cuadrado en 361,47 euros en la escritura de cesión del terreno a la Xunta. Y ello «después de la caída del mercado inmobiliario», con lo cual resultaría un valor de 510.010 euros. Esas dos cifras previas llevan al letrado a ponderar «el acierto» de la pericial judicial en la estimación del valor de 639.715 euros con relación a noviembre del 2007. La cifra efectiva que reclama, no obstante, es de 671.700 euros al añadirle el premio de afección que corresponde.

La valoración municipal y la reclamación de los titulares de la parcela aparece recogida en el procedimiento de ejecución del asunto. Una diligencia de ordenación del TSXG del pasado 11 de julio abría el definitivo paso para zanjar el litigio, al plantear a las partes que cuantificaran la indemnización sustitutoria por la expropiación, tras haber declarado el tribunal la inejecución de la sentencia que ordenaba devolver la finca a los propietarios. La obra ya estaba en marcha y por ello no fue posible cumplir con esa parte de la sentencia y entregarla a los dueños expropiados.

Dudas sobre los planes de apertura a finales de año

El del precio del terreno, que deberá abonar el Concello de Ourense, no es el único problema que arrastra este centro de salud. Las obras se han ejecutado con notable celeridad, de espaldas al conflicto del suelo, pero los trabajos de urbanización del entorno no han alcanzado ese mismo ritmo. La Xunta había anticipado una posible apertura a finales de este año, con el edificio listo para su uso, pero la fecha no se ha concretado. Faltan los accesos.

La «imposibilidad legal y material» de devolver el suelo se compensa con la indemnización

El auto del pasado 6 de mayo, que reconoció el derecho de los particulares a percibir una indemnización, declaró también «la imposibilidad material y legal» de ejecutar una sentencia anterior, que declaraba nulos de pleno derecho los acuerdos del jurado de expropiación de marzo del 2011 que limitaban el justiprecio por la expropiación en 202.000 euros.

La falta de respuesta de las administraciones local y autonómica, que encargaron y ejecutaron las obras del centro de salud, llevó a los litigantes a presionar y reclamar la devolución efectiva.

Constatada la transformación, decía el TSXG, «habiéndose ejecutado las obras y/o establecido las instalaciones para las que se llevó a cabo la expropiación (el último caso frustrada) y teniendo en cuenta que las mismas se encuentran en pleno funcionamiento, resulta inviable la restitución in natura». La sala rechazó expresamente la devolución del terreno en su estado original. «De hacerlo se obviarían las actuaciones llevabas a cabo durante los últimos años, con el consiguiente perjuicio que con ello se causaría al interés general, sin que dicha medida aportase ventaja para nadie». No se acierta a adivinar, apuntaba el TSXG , «qué ventaja tendría en los tiempos actuales para nadie, ni siquiera para quien la hace», la petición de recuperación del suelo.

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