Cristina Francisco está convencida de que actuó «sempre na legalidade»
25 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La alcaldesa de Melón, Cristina Francisco, considera que sus actuaciones al frente del Concello se han realizado «sempre na legalidade» y que desde que accedió al cargo tras las municipales del 2011 nunca «fixen nada fóra do normal». Tras conocerse la decisión de la justicia de sentarla en el banquillo por presunta falsedad documental -al certificar trabajos a la comunidad que al parecer no llegaron a realizarse- dijo sentirse «moi tranquila porque non houbo ningunha irregularidade. O penado ía polo Concello a asinar o control de presenza, o día que tiña que facer os servizos, e cando rematou a administrativa subiu co documento que recollía a asistencia e eu asineillo. E non se fixo nada que fose contrario á lei».
Es más, la alcaldesa de Melón dice sentir «impotencia por toda está situación, porque parece que xa me están sentenciando. Repito que non fixen nada ilegal e que conto co apoio dos veciños e do partido, que sempre se manteñen aí».
Baltar apela al respeto legal
Al ser preguntaba acerca de si contemplaba una posible alternativa de cara a las elecciones municipales, Cristina Francisco niega tal posibilidad: «Porque ía ter un ?plan B?. Non fixen nada ilexítimo e non fai falta ningunha alternativa».
El presidente del PP, José Manuel Baltar, reiteraba la misma argumentación que ha venido manteniendo en casos similares y se remitió a la presunción de inocencia. Recordó el caso del alcalde de Baltar y cómo fue finalmente «absuelto en dúas instancias».
El denunciante aprecia lentitud
Para el edil de Ciudadanos de Melón que denunció a la alcaldesa este caso solo es un ejemplo de la situación que se vive en el municipio. Emilio Díaz llama la atención «sobre a cantidade de cousas ilegais que se están facendo co noso diñeiro, xa que hai que lembrar o caso do polideportivo xunto ao mosteiro e a multa de 120.000 euros, que a Xustiza lla debería facer pagar ao señor Pardellas -el exalcalde inhabilitado por ese caso-, ou o centro do Cruceiro Gordo, con dúas resolucións xudiciais en contra e no que se seguiu traballando». Emilio Díaz cree que ese caso se ha demorado en exceso y que eso ha permitido la total impunidad de la alcaldesa.
Apelan a la Audiencia para que la regidora sea juzgada también por un delito de prevaricación
La acusación popular, ejercida por el concejal independiente Emilio Luis Díaz, ha apelado a la Audiencia Provincial en contra del auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de Ribadavia. Reclaman que, aparte de los delitos de falsedad documental y quebrantamiento de condena (en grado de cooperadora necesaria), a la alcaldesa de Melón se la juzgue también por prevaricación. El instructor del caso solicita de la Audiencia que revoque el auto con el fin de que se amplía la relación de delitos únicamente para María Cristina Francisco, sin modificaciones para la funcionaria municipal ni tampoco para la persona que supuestamente dejó de cumplir los trabajos en beneficio de la comunidad que, sin embargo, certificó la regidora municipal.
Entiende el letrado de la acusación que la alcaldesa, aparte de los otros delitos que aprecian el fiscal y el juez, cometió el de prevaricación, pues, según aclara, «se dicta un acto administrativo, en asunto administrativo, por autoridad o funcionario público, con conocimiento de su ilegalidad, toda vez que la propia alcaldesa, con carácter previo a dictar la resolución de 30 de agosto del 2011, tramite un expediente administrativo, aunque plagado de falsedades, lo que conoce la alcaldesa y, a su vez, constituye el elemento subjetivo del tipo de prevaricación».
El juez de instrucción decía en su auto que la alcaldesa no había dictado acto administrativo a sabiendas de su injusticia, «algo con lo que esta parte no puede estar de acuerdo», dice el recurso. Con independiente de cómo se nombren o titulen los documentos administrativos, indica, lo cierto es que «el 1 de septiembre del 2011 se registra en el Servicio Social Penitenciario de Pereiro escrito de la alcaldesa de Melón, Cristina Francisco Vilchez de fecha 30 de agosto de 2011, mediante el cual comunica que el penado David P.R. ha finalizado las jornadas de trabajo, adjuntado estadillo de control presencial cumplimentado y firmado por la alcaldesa».
Ese documento, dice el recurso de apelación, «contiene un acto administrativo en toda regla».
Las peticiones de condena planteadas por esta parte incluyen, aparte de las multas, seis años de prisión por la falsedad y diez años de inhabilitación por la prevaricación administrativa.
La fiscalía, por su parte, solicita cuatro años y medio de prisión para la alcaldesa por el mismo delito de falsedad.