Durante el año pasado la agencia autonómica que vigila irregularidades forzó seis derribos
04 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha estado de actualidad durante los últimos meses en la provincia por dos asuntos de trascendencia política. Por un lado, por la demora, finalmente solventada, en la demolición del pabellón deportivo construido de forma ilegal en Melón, una obra que le costó la inhabilitación al entonces alcalde, Alberto Pardellas. Por otro, por el expediente que la entidad dependiente de la Xunta abrió a la teniente de alcalde de Boborás, Rosa González, por levantar un garaje y dos plantas sin licencia. Sin embargo, pese a lo que pueda parecer, la demolición de construcciones ilegales se ha estancando en Ourense.
Así se desprende de los datos que la APLU acaba de hacer públicos con el objetivo de hacer balance de su actividad durante el año pasado. En el 2015 se ejecutó el derribo de seis edificaciones irregulares, una cifra que está en la línea de la registrada el ejercicio anterior y que viene a confirmar un estancamiento en este ámbito. En el año 2012, por ejemplo, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística forzó quince demoliciones en territorio ourensano y en el año 2013 fueron doce.
En todo caso, incluso en aquellos años, Ourense siempre ocupa el vagón de cola en estos balances puesto que muchas de las infracciones que detecta la APLU están relacionadas con la protección del litoral y esta circunstancia eleva las cifras de derribos en el resto de provincias gallegas, que sí tienen costa. En Ourense la mayor parte de las irregularidades están relacionadas con la construcción de viviendas en suelo rústico o en zonas protegidas por algún tipo de figura medioambiental. Así las cosas, frente a las seis demoliciones ejecutadas en la provincia ourensana, la APLU forzó 81 en la de Pontevedra, 53 en la de A Coruña y 14 en la de Lugo.
El derribo es el último recurso y más si este es ejecutado directamente por la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística. El balance del año 2015 hecho público por la entidad incide en el hecho de que «cada vez son máis os cidadáns que asumen o erro cometido e repoñen a legalidade urbanística vulnerada». De este modo, según precisa la memoria, «a maioría das reposicións son realizadas polos interesados para así evitar multas e sancións».
Curiosamente, en este aspecto los datos de Ourense se aproximan más a los del resto de provincias. El año pasado la APLU resolvió cinco expedientes sancionadores en territorio ourensano frente a los once resueltos en A Coruña, siete en Lugo y dos en Pontevedra. Cuando la agencia ordena derribar una obra ilegal, en el caso de no hacerlo al propietario se le imponen multas coercitivas hasta que rectifique. Si, aún así, insiste en no tirar la edificación, es la propia entidad la que se encarga de realizar esos trabajos y después le pasa la factura al afectado.
22 concellos adheridos
La actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística depende, en gran parte, de la colaboración de los ayuntamientos. En muchos casos, un 23 % del total, las irregularidades son detectadas por los gobiernos municipales, que son los que alertan a la entidad, aunque otro 22 % corresponden a denuncias de particulares y el mayor porcentaje, un 41 %, es consecuencia directa del trabajo de inspección de oficio que hace la APLU. Los concellos que lo solicitan pueden, además, adherirse a la agencia y dejar en sus manos todos los trámites relacionados por la protección de la legalidad en esta materia. Así lo han hecho 21 ayuntamientos ourensanos: Amoeiro, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Cortegada, Entrimo, Gomesende, Maceda, Maside, Nogueira de Ramuín, O Barco de Valdeorras, Paderne de Allariz, Parada de Sil, Petín, Piñor, Punxín, Sandiás, San Amaro, Verín, Vilamarín y Vilardevós.