Solo el 10 % de los cuarteles de la Guardia Civil de Ourense abren las 24 horas

Marta Vázquez Fernández
m. vázquez OURENSE / LA VOZ

OURENSE

Está pendiente una unidad para reforzar el cuerpo con 30 agentes

18 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

Los índices de seguridad ciudadana que se registran en la provincia en los últimos tiempos, y que evidencian un repunte en la criminalidad, preocupan entre las filas populares. Este viernes diputados y senadores de la formación comparecieron en Ourense para dar cuenta del incremento de las infracciones penales, pero también para reclamar al gobierno central más medios para luchar contra esa situación.

Y es que tanto Guardia Civil como Policía Nacional y Autonómica tienen plantillas que precisan refuerzo y en el caso del instituto armado esa ausencia de personal está provocando que muchos cuarteles de la provincia tengan que cerrar durante buena parte del día. Así lo aseguró Ana Belén Vázquez, quien destacó que a día de hoy solo el 10 % de estos inmuebles tienen capacidad para permanecer abiertos las veinticuatro horas del día. «Outros moitos teñen que pechar pola noite e tamén hai lugares nos que facelo ás dúas da tarde», explicó la diputada, que recordó que está pendiente la implantación en la provincia de una unidad destinada a reforzar al cuerpo, denominada Usecic. «No ano 2020 aprobouse no Congreso dos Diputados unha unidade de seguridade cidadá para a Garda Civil na provincia, pero a día de hoxe está sen cumprir e esiximos que iso se faga», reclamó Vázquez, que tildó de «vergoñento» que solo Ourense y Lugo sean los territorios que no disponen de ese servicio, en toda España. «É unha unidade duns trinta axentes que virían a colaborar e a mellorar a seguridade nos cuarteis de Ourense», explicó.

Acompañada del diputado Celso Delgado y de los senadores Ángel Viso, Carmen Leyte y Francisco Fernández, también recordó que el catálogo de puestos de trabajo en el instituto armado contempla la presencia en la provincia de 984 agentes, si bien solo están cubiertas 825. Cree Ana Belén Vázquez que ahora sería preciso reforzar ese personal con un centenar de funcionarios.

En opinión de la diputada es necesario también que se destinen medios, tanto humanos como materiales, a la Policía Nacional. Recordó, en este sentido, que su partido puso en marcha en el año 2016 «con moito esforzo» una UPR (unidad de prevención y reacción) para el cuerpo policial en la capital de As Burgas, si bien advirtió que a día de hoy aún no ha sido dotada de medios. «Poderían estar facendo unha labor de prevención no casco vello da cidade, no que hai moitas liortas as fins de semanas», dijo. Además, hizo referencia a la reciente publicación de las vacantes para este cuerpo, criticando que solo haya dos plazas en la comisaría provincial, en un escenario en el que la delincuencia, según los datos oficiales repunta un 17 % en la provincia. Y no ven los populares que la situación esté mucho mejor en la unidad adscrita de la Policía Autonómica. «Dende que o señor Sánchez está no Goberno non se reforzou a plantilla», aseguró.

La delincuencia, al alza

Durante la comparecencia Vázquez advirtió que la que era una provincia tranquila a finales del 2017, cuando todavía gobernaba en España el Partido Popular, se ha convertido ahora en un territorio con niveles preocupantes de seguridad ciudadana. Destacó que según los datos del Ministerio del Interior correspondientes al tercer trimestre del año pasado, se ha registrado un incremento en los delitos, especialmente los relacionados con las reyertas callejeras, los ataques contra la libertad sexual y los robos con fuerza. Así, recordó que entre enero y septiembre del año pasado hubo 7.190 en la provincia, un dato que supera en un millar al del año anterior.

«O goberno está facendo una política desafortunada de seguridade que non pode ter cabida», señaló en relación al proyecto para la derogación parcial de la Ley de seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza: «Vai a favorecer ao delincuente e a prexudicar a quen paga impostos e cumpren as leis». Entre otras novedades esta reforma supondría la desaparición de las sanciones por la okupación de casas, algo que no gusta a los populares. En Ourense, según Vázquez, se okuparon 17 viviendas de forma ilegal en el año 2021, pasando ese dato a 15 en el ejercicio del 2022. «Eses propietarios vense desamparados», lamentó.

«Non queremos buenismo, queremos aplicación da lei», señaló Ana Vázquez, quien también se refirió a las revisiones de condenas a violadores que ha suscitado la aplicación de la que se conoce como ley del «solo sí es sí». Mostró su solidaridad con las víctimas de esos hechos, y aseguró que «nos produce tristeza y dolor tremendo».