La Xunta volverá a adjudicar la obra del centro de atención a personas con discapacidad de Ourense
OURENSE
El aumento de costes llevó a las constructoras a intentar renegociar las condiciones del proyecto, que ya tendría que estar ejecutado
20 mar 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La carestía de suministros en la construcción y el alza de los costes de la energía y los combustibles provocaron retrasos en la obra del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) que se está levantando en el barrio de Barrocás, en la capital ourensana. De hecho a finales del pasado año responsables de la Consellería de Política Social llegaron a sentarse para renegociar con la UTE encargada del proyecto, para compensar a las empresas e intentar así reducir la demora. Y es que la fecha inicial de apertura de la Xunta era febrero de este año y el edificio sigue en construcción.
La secretaria xeral técnica de Política Social, María Francisca Gómez Santos, abordó la situación de este centro en la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento de Galicia, tras ser interpelada por la diputada ourensana del BNG, Noa Presas. Gómez Santos señaló que está en marcha el expediente de resolución del contrato a la UTE, conformada por Construcciones Alea y Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones. La decisión se tomó ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo tras la propuesta de las empresas de modificar el proyecto para poder abaratar los costes, ante la situación actual del sector.
La secretaría xeral técnica de Política Social explicó que se calcula que el importe de la obra que resta por ejecutar, vistos los nuevos precios del mercado, es de 6,2 millones de euros. Cifra en un 30 % el sobrecoste por la carestía de materiales y el alza de los precios.
Haciendo un repaso por la evolución del proyecto, María Francisca Gómez Santos explicó que la formalización del contrato, que fue adjudicado en su día por 7,6 millones de euros, coincidió con el estado de alarma, en marzo del 2021, lo que supuso la interrupción de los plazos administrativos y el retraso en el inicio de las obras. A mediados del 2021, explicó, la empresa puso sobre la mesa a la Xunta la imposibilidad de seguir con el proyecto tal y como estaba previsto, por el riesgo que suponía para la viabilidad de la UTE, ante la subida en los precios de los materiales y el parón que sufrió el sector de la construcción. Hubo entonces una suspensión temporal y fue cuando la UTE presentó una modificación del contrato, que los técnicos de la Xunta no vieron viable, en aras de mantener la calidad del proyecto. La propuesta se mantuvo en sucesivas reuniones.
Ahora la Xunta ha iniciado un expediente para rescindir el contrato.
María Francisca Gómez Santos señaló que tanto los usuarios como sus familias han sido informados de cada paso dado por Política Social. También explicó que el equipamiento del centro no ha sido licitado porque es necesario esperar a que avancen las obras ya que gran parte se fabricará a medida.