Cuando, en el año 2015, la Diputación de Ourense acordó incluir a la capital en los planes provinciales de obras, el PSOE y el BNG pusieron el grito en el cielo. Entendían que la función primordial de la institución es ayudar a los pequeños concellos y no al de Ourense, que gestiona cada año un presupuesto mayor que el de la propia Diputación y que tiene un régimen de participación en los tributos del Estado diferente al de los otros 91 ayuntamientos ourensanos. Cada vez que socialistas y nacionalistas repiten ese argumento, Democracia Ourensana pone el grito en el cielo. El partido de Gonzalo Pérez Jácome defiende que la institución provincial también debe financiar obras en la ciudad porque, entre otras cosas, es esta la que aporta la mayor parte de la población ourensana, criterio básico para el reparto de los fondos que la Diputación recibe del Estado.
Los planes provinciales de obras de la institución reparten, a su vez, 48.000 euros a cada ayuntamiento de la provincia para ejecutar pequeñas obras, aunque los gobiernos locales pueden pedir que ese dinero se destine a sufragar otro tipo de gastos. El caso es que, aunque ahora entra en el reparto, este año el Concello de Ourense no hizo petición alguna, ni de obras ni de nada. Es el único ayuntamiento, junto con el de Baltar, que se ha quedado al margen de los planes provinciales. Y eso que tanto Jácome como su número dos, Armando Ojea, forman parte de la Diputación. Es uno de los últimos ejemplos del descontrol que hay en la gestión del día a día en una ciudad que ha perdido el norte, además de esos 48.000 euros.