Suspenden un juicio con jurado por asesinato a cuatro días de arrancar la vista

En la Audiencia provincial de Ourense estaba ya todo listo para que el próximo lunes, a partir de las nueve de la mañana, un tribunal del jurado se encargara de juzgar a dos acusados de un delito de asesinato. Los veintidós candidatos a ser miembros del tribunal ciudadano, que finalmente suelen conformar once personas, ya habían sido debidamente notificados desde hace semanas pero finalmente la vista no podrá celebrarse. La enfermedad de uno de los abogados que deben comparecer en las sesiones ha motivado que este mismo jueves el presidente del tribunal, Manuel Cid Manzano, haya decretado la suspensión del juicio.

En la providencia, notificada a las partes a media mañana, se requería a la representación procesal del letrado para que participase «la actual situación sanitaria» y su probable fecha de alta, siempre que ello fuera factible, en aras de poder fijar un nuevo señalamiento.

Queda, por tanto, en el aire, la celebración de un juicio en el que se piden muy altas penas de cárcel, y por el que dos acusados llevan en prisión preventiva más de tres años. Se trata de la muerte de Fernando Iglesias Espiño, un hombre de 63 años, y natural de Pontevedra, que cumplía condena en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar por haber matado a su esposa y a sus dos hijos en 1996. El recluso no se reinsertó al centro tras un permiso penitenciario en agosto del 2018 y lo que en un primer momento se consideró una fuga, pasó después a convertirse en un asesinato, por ahora presunto.

La Guardia Civil asumió la investigación semanas después y siguió la pista del dinero. Espiño había cobrado hacía poco tiempo una herencia por la muerte de su madre y los agentes comprobaron que sus cuentas habían sido saqueadas desde el 11 de agosto, fecha de la desaparición, por dos hombres que habían conocido a la víctima en la prisión. En diciembre se localizó el cuerpo, enterrado en una antigua mina de Piñor, aunque se cree que al recluso lo mataron el mismo día que salió de permiso en una granja de Maside propiedad de Francisco Javier G. H. Se sospecha que él y Óscar G. L., se enteraron por Espiño, que los consideraba sus amigos, que este había cobrado un dinero, acordaron matarlo. Le quitaron las tarjetas y recorrieron los cajeros de varias provincias para sacarlo de su cuenta. Hasta que se que se acabó.

Ahora podrían ser condenados a penas de más de veinte años de prisión cada uno de ellos. Las acusaciones las ejercen tanto la Fiscalía de Ourense como un hermano de la víctima.

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