Piden 45 años de cárcel por la muerte de un preso al que querían robarle una herencia

Los dos acusados empezaron a sacar el dinero de las cuentas de la víctima horas después de matarlo


ourense / la voz

A Fernando Iglesias Espiño, un recluso que cumplía condena en la prisión provincial de Pereiro de Aguiar por haber matado a su esposa e hijos en 1996, se le perdió la pista el 11 de agosto del 2018. Había salido de permiso de fin de semana, como en otras ocasiones anteriores, pero el lunes no regresó a la cárcel y nada se supo de él durante meses, hasta que su cadáver apareció el 20 de diciembre del 2018 enterrado una antigua mina de agua de Piñor. Hasta ese escondido lugar fueron conducidos los agentes de la Guardia Civil por uno de los dos hombres que, se sospecha, se pusieron de acuerdo para matar a Fernando tras enterarse de que había cobrado una herencia. Lo mataron por dinero, se cree, pero fue precisamente el rastro de ese botín el que condujo a los investigadores hasta los dos presuntos asesinos, que en unos meses deberán responder en la Audiencia provincial y ante un tribunal del jurado, por los delitos de asesinato y estafa que les imputa la Fiscalía de Ourense.

Esta parte, precisamente, acaba de presentar su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita un total de 45 años de prisión para Óscar G. L. y Francisco Javier G. H., quienes conocieron a la víctima, de 63 años, durante un tiempo en el que los tres coincidieron dentro de la cárcel. Según detalla la fiscal en su informe, en esas semanas los tres «llegaron a entablar cierta relación de amistad y así cuando Fernando gozaba de un permiso carcelario, acudía a la granja que Francisco Javier explotaba en el lugar de Suareixa, Maside, donde realizaba trabajos esporádicos a cambio de pernocta y comida».

Tanta llegó a ser la confianza entre los tres que Fernando informó a sus amigos de la muerte de su madre, haciéndoles también saber después que había recibido «una importante cantidad de dinero». Según la acusación pública, nada más saberlo, los acusados «urdieron un plan para acabar con su vida y apropiarse del dinero que había heredado».

Y así lo hicieron, al parecer. El 11 de agosto Fernando abandonó la prisión a primera hora de la mañana y se trasladó, como en otras ocasiones, hasta la granja avícola de Maside, donde lo esperaban sus amigos, quienes ya lo tendrían todo previsto para acabar con su vida y apropiarse de sus documentos bancarios. Se cree que la víctima llegó a la explotación sobre las nueve, y que los acusados ejecutaron su plan unas dos horas después, golpeándolo con un «objeto contundente hasta ocasionarle la muerte por un traumatismo craneoencefálico».

Tras el crimen, los acusados trasladaron el cuerpo y lo enterraron en la mina de Piñor, después eso sí de robarle las siete tarjetas de crédito que llevaba. Tanto era su afán por hacerse con el dinero que ese mismo días comenzaron a desvalijar las cuentas corrientes de su víctima. Hay constancia de que aquel 11 de agosto, por la tarde, sacaron 4.200 euros de oficinas bancarias situadas en Vigo y Lalín, siempre en cantidades no superiores a 600 euros. Mientras su dueño yacía bajo tierra, las tarjetas de crédito de Espiño viajaron hasta Burgos y Portugal, pasando por Cea, A Cañiza, O Carballiño, Lalín o Bandeira. La última operación la hicieron los acusados el 24 de agosto en Ribadavia, donde sacaron de un cajero los últimos 480 euros. «Bueno, esto ya se terminó», dijo uno de ellos en ese momento, según las diligencias del caso. Se habían gastado en trece días los 22.490 euros de la herencia.

Aunque la Fiscalía atribuye a ambos acusados idéntica participación en el crimen, la pena que reclama para Javier es de 23 años de cárcel, por aplicarle una agravante de reincidencia en la estafa. Óscar, por su parte, se enfrenta a una petición de 22 años de reclusión. Se reclama además que indemnicen con 40.000 euros a un hermano del fallecido, que está personado en el caso como acusación particular.

Los dos acusados están en prisión preventiva desde finales de diciembre del 2019, cuando fueron detenidos por este caso. En ese tiempo a uno de ellos, en concreto a Francisco Javier, lo han juzgado por haber defraudado la luz en la granja avícola que, según se cree, fue el escenario del crimen. El pasado noviembre, y desde la prisión de A Lama, este sospechoso reconoció que hizo un enganche ilegal por lo que fue condenado a pagar a Naturgy 457 euros. 

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