El pasado jueves en el Colegio de la Abogacía de Ourense prestaron juramento o promesa de acatar la Constitución, el ordenamiento jurídico y las normas que rigen el ejercicio de la abogacía, cinco nuevas, ahora sí, abogadas. Las mujeres ya son mayoría en la «profesión más bonita del mundo» que decía Rousseau. Hasta hace relativamente poco tiempo solo un puñado de mujeres trabajaban en estrados. Y es que cuánto han cambiado algunas cosas…
Las cinco estaban contentas e ilusionadas ante el reto que supone iniciarse en el complejo arte de defender los derechos y de resolver los problemas de los ciudadanos, o al menos intentarlo con todo su empeño. Pero aún con las mascarillas puestas, me pareció percibir en ellas una cierta preocupación. No me extraña. Se puede afirmar que la abogacía independiente está en su momento más difícil, no lo tenemos fácil, y si aún encima empiezas a ejercer en plena pandemia, peor me lo pones. Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma y empezó a aprobar ayudas para todo tipo de colectivos, se olvidó de la abogacía -y de la procura también-. De la misma manera nos ignoró el Consejo General del Poder Judicial; bueno no, en una decisión para la galería y para paliar la petrificación que supuso la pandemia en el funcionamiento de la justicia -según dijeron- no se le ocurrió otra cosa que decretar hábil desde el día 11 al 31 de agosto. Eso sí, con recomendación interna para sus señorías, de que ese mes seguiría siendo preferente para sus vacaciones... los demás profesionales de la justicia no nos las merecemos.
Las nuevas letradas se van a encontrar con una Administración de Justicia con una imagen «de lentitud, de falta de medios, de estructuras anquilosadas que justifican una opinión mayoritaria entre los ciudadanos de que la justicia funciona mal». Esta frase no es mía, la pronunció el que fue ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante un discurso que dio en el colegio ourensano en el 2010, con motivo de la celebración del San Martiño. Qué poco han cambiado algunas cosas. Es complicado que funcione, que sea eficaz una Administración que tiene tres patrones: Gobierno Central -Ministerio de Justicia-, Gobierno Autonómico y Consejo General del Poder Judicial. Al ser así, lo que ha sucedido durante décadas es que, tal vez por la dificultad que implica, porque la justicia no da votos, o por otros oscuros motivos, nunca ningún Gobierno ha tenido verdadera voluntad de solucionar el «problema de la justicia». Y mucho menos ahora, que estamos en tiempos de coronavirus.
Arturo González Estévez es abogado y es decano de honor del Colegio de la Abogacía de Ourense