La entidad abrió una investigación de oficio por contaminación en el río Támega
01 jul 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El informe que Francisco Fernández Marugán presentó en el Congreso para dar cuenta de su actividad en el año 2018 refleja que las quejas tramitadas desde Ourense se dispararon. El Defensor del Pueblo abordó 105 expedientes por reclamaciones de ourensanos. Un año antes habían sido 66. El peso de Ourense en el total estatal sigue siendo, no obstante, muy limitado: un 0,63 %. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que todos los gallegos disponen, además, de la figura del Valedor do Pobo, que cumple una función similar.
Entre las actividades del Defensor del Pueblo en el año 2018 destacan sus investigaciones de oficio, abiertas por iniciativa de la propia entidad al ser conocedora de hechos que puedan atentar contra los derechos de los ciudadanos. Los problemas que generaron las obras de la conexión de alta velocidad ferroviaria con la Meseta llegaron a oídos de la entidad, que abrió una actuación de oficio ante el Ayuntamiento de Verín, la Confederación Hidrográfica del Duero y el ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para investigar la contaminación del río Támega tras un vertido por la rotura de una balsa de residuos.
Por otra parte, el Defensor incluye a la Consellería de Economía en una lista de «Administraciones no colaboradoras o entorpecedoras» por no responder hasta el tercer requerimiento de información sobre una mina de estaño y wolframio en A Gudiña.
Advertencias al Concello de Verín para que vigile el ruido en el entroido y otras fiestas
Una de las actuaciones más llamativas del Defensor del Pueblo en el año 2018 hace referencia a las fiestas que organiza o que autoriza el Concello de Verín. Tras recibir quejas al respecto, la entidad se vio obligada a instar al Ayuntamiento a cumplir la normativa en relación al ruido. «Parece lógico que este año si se autorizan nuevas celebraciones exista un control de la contaminación acústica generada para evitar molestias a los vecinos», dice la resolución firmada por Francisco Fernández Marugán, que recomienda una planificación al respecto «para minimizar los efectos acústicos negativos que se producen sobre los vecinos que viven cerca del lugar de las celebraciones, al objeto de conciliar el deseo de la población a participar de este tipo de eventos con el derecho de los vecinos a la intimidad y a la vida privada y familiar».
Para ello, el Concello de Verín deberá inspeccionar y medir las emisiones producidas por los aparatos de sonido utilizados en las fiestas «y precintar aquellos que no respeten la normativa sobre ruido», recomienda el Defensor del Pueblo, que también hace hincapié en la necesidad de vigilar los horarios de cierre «para que estas celebraciones no interfieran en el descanso vecinal ni en su calidad de vida». Fernández Marugán destaca el «amplio programa de fiestas y ocio» que existe en Verín, con el entroido, pero también con su Batucada, los Maios o las celebraciones gastronómicas y religiosas que se programan a lo largo del año en el municipio.
Al Ayuntamiento de Ourense le tuvieron que recordar sus deberes legales
En el informe del Defensor del Pueblo sobre su actividad durante el año 2018 se detallan los recordatorios de deberes legales que la entidad tuvo que remitir a diversas Administraciones de toda España por no atender adecuadamente a los ciudadanos. En el listado aparecen dos referencias a la provincia, ambas en relación al Concello de Ourense.
Francisco Fernández Marugán se dirigió al Ayuntamiento ourensano a causa de una queja presentada por un particular por la demora en la concesión de una licencia. Ante la falta de respuesta, el Defensor del Pueblo recordó a la Administración que debe acomodar su actuación a los principios de «eficacia, economía y celeridad». Advierte, además, que los funcionarios que no cumplen la obligación de dictar las resoluciones en plazo pueden enfrentarse a una «responsabilidad disciplinaria». Esa misma queja motivó otro escrito más de Fernández Marugán para hacer hincapié en la necesidad de notificar convenientemente al afectado la resolución adoptada.