En los años más duros de la crisis aumentaron el número de manifestaciones y concentraciones en Ourense. La «recuperación» hizo que se volviera en estos dos últimos años a unos números similares a los que había en la década anterior. Pero en las últimas semanas parece que todos, o muchos, han vuelto a la calle para reivindicar lo que creen que les pertenece -la revalorización de las pensiones de los jubilados después de tantos años de cotización- los policías y guardias civiles, que se ven discriminados con respecto a sus homónimos funcionarios vascos y catalanes, y los trabajadores de la justicia. Sueldos o pensiones públicas que se han visto congeladas o disminuidas primero por los recortes y ahora por nuevas subidas del coste de la vida que trae la «recuperación». Quizás sea solo algo temporal, aunque los funcionarios de justicia ya llevan semanas con sus protestas, y será al final del año cuando veremos si el número de manifestaciones ha vuelto a subir o no. Todos tienen sus razones y a la provincia de Ourense, sostenida económicamente de forma importante por ambos colectivos -funcionarios y, sobre todo, pensionistas- le vendría bien que consiguieran sus reivindicaciones salariales si luego lo repercuten en el anémico sector privado. Porque, en la variopinta, aunque lamentablemente no tanta en nuestro caso, economía privada, no se vislumbra que pueda haber esa unión que consiguen los otros colectivos para luchar por lo que creen que es justo. Ellos están todos en la calle. Por arriba, los responsables de la administración dicen que no se puede tanto, pero algo seguramente tendrán que ceder.