Denuncia irregularidades en su organización bancaria y contabilización de bienes
16 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la gestión económica de los partidos ha irrumpido en la agenda política estatal. Las conclusiones generales de ese documento, que analiza el estado contable de estas formaciones en los años 2014 y 2015, han sido utilizadas como arma arrojadiza entre unos y otros. Este fenómeno podría parecer ajeno a Ourense, pero lo cierto es que muchas de las irregularidades detalladas por el Tribunal de Cuentas tienen relación directa con esta provincia y afectan, además, a PP, PSOE, y BNG.
Por lo que respecta al Partido Popular, cabe destacar que el órgano fiscalizador decidió incluir sus oficinas de Ourense en una muestra de sedes territoriales para comprobar si las cuotas de afiliados y aportaciones de cargos públicos se gestionaban de acuerdo a la ley. Uno de los reproches en este sentido del Tribunal de Cuentas es que en Ourense se registraron cobros bajo el concepto de «ingreso en efectivo», pero «no figura en todos los casos la identificación de la persona que ha realizado dicho ingreso, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 8 de la LOFPP (Ley orgánica de Financiación de Partidos Políticos)».
La citada disposición legal establece que estas entidades tienen la obligación de tener cuentas bancarias específicamente destinadas al abono de las cuotas de sus afiliados. Se trata, de este modo, de dificultar que se puedan camuflar ingresos provenientes de fuentes irregulares. En este sentido, el informe del Tribunal de Cuentas destaca que en el año 2014 se produjeron aportaciones de cargos públicos al PP ourensano por valor de 100.292 euros y que ese dinero fue ingresado en las cuentas específicamente previstas para las cuotas de los afiliados.
En sus alegaciones, la formación explica que en aquel entonces la legislación vigente no exigía que las cuotas y las aportaciones de cargos públicos se ingresaran en cuentas bancarias distintas. Sin embargo, según recuerda el Tribunal de Cuentas, antes de la modificación de la ley en el año 2015, esta ya preveía el ingreso diferenciado de unas y otras.
Con respecto al PSOE, los reparos del Tribunal de Cuentas tienen que ver con el valor de su sede y cómo esta se hace reflejar en sus estados contables. Según el órgano fiscalizador, existe una «infravaloración» de ese inmueble, pero el partido responde en sus alegaciones que tanto la sede de «Orense» (sic.) como la de Bilbao están bien valoradas «al realizarse los apuntes contables relativos a las imputaciones correspondientes a cada una de las altas, siguiendo los criterios habituales».
En lo que se refiere al BNG, el Tribunal de Cuentas dirige sus reproches al destino del dinero que en aquel entonces el partido recibía del Concello de Ourense (tras las elecciones del 2015 se quedó sin representación en la corporación municipal). El órgano fiscalizador acusa a la formación de no contabilizar las subvenciones del Ayuntamiento en el año 2014 (21.600 euros) y en el 2015 (10.800 euros). El BNG alega que el partido funciona en Ourense, al igual que en otras localidades, con un CIF diferente al de la sede nacional, por lo que no fue contabilizado allí.
Los populares recibieron ingresos en efectivo sin identificar de quiénes eran
Los socialistas infravaloraron su sede y el Bloque no reflejó los cobros del Concello
El informe critica el viejo sistema de pago a los asesores de la oposición en la Diputación
Otro de las supuestas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas respecto a la gestión económica de los partidos políticos en lo que se refiere a la provincia de Ourense tiene que ver con la Diputación. El órgano fiscalizador cuestiona el sistema de pago a los trabajadores al servicio de los grupos políticos en la institución provincial.
El BNG, según dice el informe, recibió en el año 2014 «una asignación para financiar su funcionamiento por 87.504 euros, habiendo descontado la Diputación la totalidad de dicho importe para destinarlo al pago de remuneraciones al personal que presta sus servicios al grupo, lo que podría suponer un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)». Ese mismo reproche se repite en referencia al año 2015, aunque en este caso el importe total aportado al BNG fue de 58.762,54 euros y entonces la Diputación descontó 49.762,54 euros para la remuneración de sus asesores. En el caso del PSOE, el Tribunal de Cuentas habla de una diferencia de 50.260,76 en el año 2014.
En sus alegaciones, el BNG recuerda que el órgano fiscalizador ya desestimó esas acusaciones en el pasado. Además, el partido explica que esos reproches deberían hacerse a la propia Diputación, «quien hace las contrataciones directamente, quien hace el pago y además está incluida esta partida en sus presupuestos». En similares términos se expresa el PSOE en su respuesta oficial: «La diferencia reseñada por el Tribunal se debe a determinados descuentos realizados por la propia Administración provincial, por lo que la cifra contabilizada por el partido hace referencia al neto y en el certificado de subvención está la asignación completa».