Expertos en propiedad forestal lamentan la inacción política ante el abandono de los montes

Censura que no se aplicara la posibilidad de declarar terrenos «en estado de grave abandono»


Ourense

La ley se aprobó en el año 1989 y se publicó en febrero de 1990 en el Boletín Oficial del Estado, pero ese precepto nunca llegó a aplicarse. La previsión de declarar montes vecinales «en estado de grave abandono» no se materializó y la inacción de la Administración en este ámbito fue objeto de reproche por parte de varios de los expertos que participaron en la jornada «Industria forestal en Galicia: retos e oportunidades», organizada por el grupo Colmeiro de análisis y debate en colaboración con la Diputación y celebrada ayer en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

«Efectivamente, las Administraciones públicas, sean del color que sean, no van a invertir directamente en gestión del monte», resumía ayer José Manuel Busto, catedrático de Derecho Civil de la Universidade de A Coruña y ponente en las jornada con una charla sobre la estructura de la propiedad forestal en Galicia. Busto recordó la citada ley que preveía que la Administración asumiese directamente la gestión de los montes declarados en estado de grave abandono. «Eso nunca se ha hecho y nunca se ha hecho porque conlleva un esfuerzo económico en algo a lo que no le ven una rentabilidad inmediata y directa», explicó el catedrático.

La activación de la figura de los montes vecinales en estado de grave abandono fue una de las propuestas que ayer puso sobre la mesa el secretario general de la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), Jacobo Feijoo, que protagonizó otra de las ponencias de la jornada. También propuso crear una nueva figura jurídica que sirva para agrupar parcelas abandonadas o con una gestión deficiente. Se podrían, según dijo, incorporar al Banco de Terras «con fórmulas para asegurar os investimentos públicos e privados». Lo que tiene claro Feijoo es que «non é certo que non se poda facer nada polo rural senón que está todo por facer». En este sentido, dijo que lo más importante para evitar la despoblación son las rentas y planteó la posibilidad de pagar a las explotaciones forestales por servicios medioambientales. No en vano, según dijo, su aprovechamiento del monte crea cortafuegos naturales que impiden el avance de los incendios.

José Manuel Busto puso el acento, por su parte, en la inversión privada. El papel de la Administración debe ser, a su juicio, el de establecer medidas que faciliten el agrupamiento de tierras para alcanzar superficies que garanticen la rentabilidad de las explotaciones. En este sentido, el catedrático puso en valor la reducción de la burocracia que posibilita la ley de fomento de la implantación industrial aprobada recientemente así como, en la ley de acompañamiento de presupuestos para el 2018, las medidas que favorecerán las agrupaciones en coto redondo. Estas propuestas las anunció también en la jornada de ayer el conselleiro de Economía, Francisco Conde, tal y como detalla la página 29 de este periódico.

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