Todo sigue igual. Pasaron las elecciones y descubrimos, otra vez, que somos una provincia, y una comunidad, muy popular. El dominio del partido que gobierna en la Xunta desde hace ocho años y controla la Diputación y el Concello de Ourense volvió a hacerse evidente durante el recuento de los votos del pasado domingo. Tanto que el color azul tiñó casi por completo el mapa de la provincia, con cuatro contadas excepciones. Pocos cambios debemos prever, por tanto, para los próximos años. Ayer mismo el Ministerio de Economía actualizaba los datos sobre las pensiones y nos volvía a recordar que Ourense es ese territorio en el que hay más pensionistas que trabajadores que cotizan a la Seguridad Social. Tampoco hay nada que celebrar al fijarse en el detalle de la cuantía de las pensiones, que siguen siendo en la provincia las más bajas del país. De hecho, un jubilado ourensano cobra 150 euros menos que uno de Pontevedra y casi 500 menos que otro que reside en el País Vasco. Así están las cosas.
Pero esto no es nada nuevo. Que Ourense es una provincia de pensionistas mal pagados, de más muertes que nacimientos, de despoblación de su ámbito rural o de escasez de oportunidades laborales es de sobra conocido. Hace uno, dos, tres, cuatro e incluso más años ya se percibían todas estas realidades que, por el momento, nadie ha intentado frenar. Al contrario, la despoblación se incrementa, se reducen año tras año los nacimientos, el empleo crece a ritmo estacional y con evidente precariedad... Es evidente que hay margen para mejorar y es hora de que alguien, al menos, lo intente.