No es la primera vez que escribo en esta misma columna sobre el manido discurso político de defensa del rural ourensano y del reequilibrio territorial con el que a todos se les llena la boca, sobre todo en época electoral. Y lo hago (de verdad lo digo), con el secreto deseo de que algún día la realidad me quite la razón. Pero no hay manera. El último ejemplo está en ese carné para el uso de fitosanitarios al que obliga la nueva norma. No entro a discutir la necesidad de ese documento, aunque seguro que daría para debate analizar lo que aporta al que lleva toda la vida en el campo utilizando estos productos escuchar el sermón de un licenciado de-lo-que-sea, que nunca se ha manchado las manos de tierra, y acudir a una clase «práctica» sobre cómo manipular estos productos sin intoxicarse en el intento o envenenar a su propio ganado o familia. Supongamos que, efectivamente, las clases les van a ayudar. Aún así tengo que darle la razón al paisano que opina que esto no es más que otro invento para sacarle los cuartos. Porque hoy por hoy, muchos siguen pagando una pasta para hacer el cursillo a través de empresas privadas a falta de oferta gratuita en su entorno. Son unos 150 euros lo que tienen que apoquinar para que les permitan comprar y aplicar el sulfato que protegerá del mildiu la próxima cosecha de la vid, por ejemplo. Y no hablamos de grandes terratenientes, con hectáreas y hectáreas que les aportan un beneficio anual de miles de euros. Hablamos, en la mayoría del rural ourensano, de las patatas, el vino, las judías, los tomates y la fruta que alimentan sus despensas y les ayudan a subsistir pese a los exiguos sueldos y pensiones.