De no ser por la apuesta del gobierno provincial por compartir información con los ciudadanos, es posible que nunca lo hubiésemos sabido. De hecho, nadie recuerda desde cuándo está en vigor ese sistema. Ya existía desde antes de que entrara en la Diputación el miembro de la corporación más veterano, Plácido Álvarez, que lleva doce años en ella. El portal de Transparencia de su web publicó recientemente el pago a los diputados de los gastos ocasionados por los viajes supuestamente realizados para asistir a las reuniones de órganos colegiados. El sistema utilizado para realizar el cálculo solo tiene en cuenta a cuántos plenos, comisiones o juntas de gobierno ha asistido cada uno y toma como referencia el ayuntamiento del que son concejales. El problema es que muchos de los diputados que históricamente han formado parte de la institución eran ediles en concellos situados a 50, 100, 200 o más kilómetros de la capital, pero vivían en la ciudad e iban andando a esas reuniones.
El gasto en un mes de toda la corporación es de poco más de mil euros. Son sumas pequeñas y probablemente los actuales diputados no repararon en ellas. También es cierto que muchos de ellos hacen otros viajes que no cobran. Pero una Administración pública debe funcionar con rigor y parece tener poco sentido que unos viajes que no se hacen, se cobren y otros que sí, no se cobren. La actual corporación no es culpable del sistema, pero es en sus manos en las que está cambiarlo ahora.