En el 2013 Ourense registró el mayor descenso en las adjudicaciones de obras públicas de la comunidad autónoma gallega. Así lo reflejan los datos facilitados ayer desde la federación gallega de la construcción -extraídos de un estudio realizado a nivel autonómico- entre los que destaca el mal momento en el que se encuentra uno de los principales motores de la construcción.
De acuerdo con esas cifras, la inversión de las administraciones para la ejecución de proyectos en los diversos municipios de la provincia sufrió un descenso muy fuerte, pasando de los 1.086,6 millones del 2012 a los 91,1 del 2013, lo que representa una caída del 90%. La adjudicación del grueso de las obras de la línea de AVE, que se efectuó en el primero de los dos ejercicios, explicaría ese descenso, según aseguran desde la federación gallega. Eso sí, el retroceso es también importante si se compara con los años anteriores, y, por ejemplo, desde el 2009 ha bajado un 61 %. Es evidente que la difícil situación económica de las administración también ha suscitado consecuencias poco favorables para muchas empresas del sector de la construcción.
Fue, sin embargo, una situación que no solo afectó a la provincia de Ourense, ya que en todas las gallegas se notó el descenso de obra pública, pasando de los 1.400 millones adjudicados en el 2012, a los 508 del año pasado, lo que supuso un recorte cercano al 65 %.
Empresas gallegas
En lo que respecta a las empresas que se beneficiaron de esas pocas adjudicaciones, el informe desvela que la mitad de los 91 millones invertidos a lo largo del 2013 fueron a parar a constructoras que tienen su sede social en la comunidad gallega, mientras que el resto se concedió a firmas nacionales.
Eso sí, los trabajos que con mayor frecuencia recayeron en empresas gallegas fueron los financiados por las diputaciones y los ayuntamientos, con una media del 90 %. Las universidades también seleccionaron a estas constructoras para sus obras en el 80 % de las ocasiones, mientras que la Xunta solo se decantó por una firma autóctona en uno de cada dos proyectos adjudicados. El porcentaje es aún menor cuando quien paga los trabajos es el Estado, ya que el 78 % de sus obras fueron ejecutadas por constructoras nacionales.