Los miembros del tribunal, vinculados al PP, niegan un trato de favor
15 ene 2014 . Actualizado a las 07:10 h.El Concello de Xinzo convocó oposiciones para cubrir una plaza de letrado municipal y las ganó Carmen Prado, hija de Agustín Prado, exdelegado de Medio Ambiente con la Xunta de Manuel Fraga. Se impuso frente al resto de aspirantes, entre otras cosas, gracias a la valoración de méritos. Sus 24 meses de experiencia como agente de desarrollo local le valieron cuatro puntos, los mismos que recibió otra de las opositoras que acumula 212 meses (más de 17 años) de experiencia como jueza sustituta. Otra aspirante, también con dos años de trabajo como agente de desarrollo local, no fue puntuada.
El caso ha sido denunciado por la CIG, que ostenta la representación mayoritaria del personal municipal en Xinzo. Ayer el Juzgado contencioso-administrativo número uno acogió las declaraciones de tres de los miembros del tribunal de selección, que negaron haber dado un trato de favor a la hija de Agustín Prado. La abogada del sindicato, Alba Arrizado, sacó a la luz los vínculos con el PP de los examinadores.
El presidente del tribunal fue Gerardo Pumar, que actualmente es jefe de servicio de Cultura de la Xunta en Ourense. Se da la circunstancia de que fue subordinado directo de Agustín Prado cuando este era delegado de la Consellería de Medio Ambiente, pero Pumar negó que este detalle influyese de algún modo. «No me llevo mal; me llevo bien, pero no tengo ninguna relación directa con él», dijo cuando se le preguntó por ello. El presidente del tribunal no supo explicar por qué había sido seleccionado para esa responsabilidad -apuntó que había participado en procesos similares en otros municipios, pero no en Xinzo- y admitió que sabía a quien estaba examinando, aunque dijo no conocer previamente a Carmen Prado.
El resto de miembros del tribunal fueron seleccionados por el presidente la Diputación ourensana, José Manuel Baltar, que ofrece a sus funcionarios habitualmente para las oposiciones que convocan los ayuntamientos. Así lo afirmó José Luis Suárez Martínez, jefe de recursos humanos en la entidad, que también fue a declarar ayer al juzgado. Admitió ser concejal del PP en Monterrei y también que se ha presentado a la presidencia local del partido. De todos modos, consideró que ese «non é motivo de recusación nin de abstención». Tampoco lo es, según dijo, el hecho de que el alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, del PP, sea diputado provincial porque no tiene responsabilidades directas sobre él, afirmó.
En los mismos términos se expresó Montserrat Rodríguez, funcionaria de la Diputación que también formó parte del tribunal. Aunque admitió estar casada con Argimiro Marnotes, alcalde del PP en O Carballiño y diputado provincial, dijo que su designación para estas oposiciones es «de carácter técnico». Proclamó, además, que su trabajo «no está mediatizado por nadie». Ni ella ni ninguno de los declarantes ayer dijo haber advertido un problema por la falta de paridad en el tribunal, ya que la citada Rodríguez era la única mujer.
Ese fue uno de los argumentos de la acusación. Por sus preguntas a los testigos se puede intuir que los abogados de la defensa -en representación del Concello y de Carmen Prado- harán hincapié en que las decisiones tomadas por el tribunal fueron colegiadas y nunca surgieron discrepancias entre sus miembros. Además, destacaron que ninguno de los otros once aspirantes al puesto de letrado presentó reclamación alguna.