El fiscal dice que pese a que se trabajó al margen de la legalidad, esto no «supone conducta delictiva»
09 nov 2013 . Actualizado a las 07:05 h.Las irregularidades que el PP lleva meses denunciando sobre la gestión del servicio de la ORA (también conocido como zona azul o aparcamiento de pago) en O Barco no son constitutivas de delito. Así lo ha determinado el fiscal jefe de Ourense, que ha archivado la denuncia que el Partido Popular presentó sobre este tema hace ya varios meses. Del proceso nada se supo hasta que ayer lo hizo público el alcalde, Alfredo García. Lo hizo en una rueda de prensa rodeado por buena parte de su equipo de gobierno, y después de que en el pleno del día anterior el portavoz del PP, Moisés Blanco, dijese que actuaciones como las llevadas a cabo en O Barco, «noutros concellos levan a imputacións».
García dijo que ni él ni nadie de su grupo estaba imputado «no es porque no lo hayan intentado». Contó entonces que el PP había llevado el tema ante la fiscalía de la Audiencia Provincial, que abrió una investigación al respecto. Hasta en dos ocasiones pidió al Concello que se le enviara documentación, sin que el tema tuviese más recorrido, ya que el fiscal archivó la denuncia. «El propio fiscal dice que hay errores administrativos. Nosotros lo reconocemos, lo hemos hecho mal. Cometemos errores, pero no metemos la mano», dijo García.
El regidor aprovechó para «dar las gracias al PP, porque ahora podemos decirle a los ciudadanos que hemos cumplido (...) hay una sentencia (sic) que dice que no hemos prevaricado». Criticó, además, que el PP nunca hubiese hecho público su escrito a la fiscalía. «El recurso judicial es un recurso más, pero hacerlo con nocturnidad, no. Se dice. (...) Es una actitud de cobardía hacerlo a oscuras, y para ser alcalde de O Barco hay que ser valiente». Fue más allá al asegurar que «Moisés Blanco quiere llegar a la poltrona no con el apoyo popular, que no ha tenido nunca; sino por la puerta de atrás».
Prevaricación y cohecho
En la denuncia, el PP hablaba de prevaricación, connivencia entre empresa y miembros del gobierno «con algún tipo de pacto con dádivas o promesas para mantener la situación de concesión de hecho», considerando que se trataba de un delito de cohecho. El fiscal estimó que «al margen de la legalidad por omisión de sus funciones respecto a la ORA generando una situación de hecho claramente sin cobertura legal, pero que ello no supone conducta delictiva».
Por su parte, el portavoz del PP, Moisés Blanco, avanzaba que el proceso sigue abierto. «El fiscal dice que no hay delito penal, pero quedan otras vías» para después añadir que «el PP va a instar las acciones [judiciales] oportunas, porque no parece que exista duda sobre cómo hay que interpretar las leyes y las conductas que, pese a su evidencia, parecen gozar de impunidad».