La tercera parte ya se encuentran en el Tribunal Superior de Galicia
02 jun 2013 . Actualizado a las 07:25 h.Mientras se ultiman los detalles para la aprobación inicial del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que el gobierno local prevé exponer al público el próximo mes de septiembre, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la administración por la nulidad del anterior del 2003, siguen su curso. Del total de 36 expedientes tramitados por el Concello de Ourense, solo uno ha merecido respuesta positiva por parte municipal. Los demás siguen su trámite. La mayoría aún no han agotado el procedimiento administrativo, pero once de ellos ya han llegado a los tribunales, que es donde previsiblemente acabarán todos.
De los 110 millones de euros a que ascienden las reclamaciones, el Concello únicamente ha reconocido un pago de 625.000 euros a favor de la empresa Proavia S.A., de acuerdo con el dictamen del Consello Consultivo de Galicia. Este órgano, a falta de que se pronuncie sobre cuatro de las 36 reclamaciones, precisó que ese asunto no era tanto un asunto de responsabilidad patrimonial sino contractual. Se trataba de una permuta de terrenos entre la empresa y el Concello, en la que aquella resultaba muy perjudicada debido a la nulidad del PXOM y a la pérdida de valor del suelo obtenido.
El resto de las reclamaciones aún se están discutiendo y se encuentran en diferentes momentos de tramitación,
A medida que el Concello de Ourense recibía la reclamaciones, pedía los correspondientes dictámenes al Consello Consultivo de Galicia. Hasta ahora, todos han sido favorables a las tesis de la administración, que implican al Concello pero también a la Xunta de Galicia, pues la responsabilidad última del PXOM corresponde a la administración autonómica.
Cuatro aún sin dictamen
De las 36 reclamaciones recibidas por el Concello, falta únicamente que el Consultivo dictamine cuatro. Dos que ya han sido enviadas: Porteliña S.A. y Galibrokers S.L., y otras dos cuyo expediente aún no han cerrado los servicios municipales, por lo que no se ha enviado la documentación. Estos últimos son los de la junta de compensación Castro de Oira y Promociones y Construcciones Moumarti, que incluye varias fincas dentro del término municipal.
Entre las 32 reclamaciones desestimadas por el gobierno local, once han ido directamente al Tribunal Superior de Galicia. En los otros casos, los afectados agotan el procedimiento administrativo con recursos de reposición, que, con toda probabilidad, serán rechazadas.